La Cámara Nacional de Industrias (CNI) reiteró su planteamiento de llevar adelante una lucha frontal contra el contrabando en el país y en la región durante el noveno encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), realizada en Santa Cruz.
El presidente de la CNI, Pablo Camacho, pidió a la Asamblea Legislativa aprobar las modificaciones a las normativas que sancionan a los contrabandistas, planteamiento presentado por el sector industrial.
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Señaló que la afectación del contrabando en Bolivia es de más de $us 3.300 millones al año, por lo que la lucha contra este ilícito debe ser una tarea conjunta.
“La CNI ha planteado a la Asamblea Legislativa disminuir la penalización de 200.000 a 10.000 UFV (Unidad de Valor de Vivienda) el valor del monto para que sea considerado como delito aduanero. Este año sólo uno o dos comisos llegaron a ese monto. Debe haber un compromiso del Gobierno y la Asamblea en aprobar esas modificaciones”, manifestó.
Recordó que la economía se ve afectada por el contrabando y, en el caso del sector industrial, afecta a más de 39.000 industrias y 600.000 empleos.
Camacho puntualizó que otra de las propuestas se refiere a la incorporación de los gobiernos municipales y departamentales en la lucha contra el contrabando, que debe darse a nivel del Estado.
Encuentro
El encuentro de la ALAC fue organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), como una iniciativa del sector privado con el objetivo de construir con los gobiernos de la región una agenda conjunta de cara a la reducción del contrabando.
De esta forma, la ALAC se constituye en el canal que facilita el intercambio de información y genera alianzas estratégicas, que trascienden las fronteras de los países y la articulación de los sectores público y privados.
Al encuentro asistieron más de 150 autoridades, voceros de organizaciones empresariales, actores del sector público y empresas privadas, para construir agendas conjuntas que mitiguen el comercio ilícito, así como compartir buenas prácticas y generar sinergias entre las diferentes partes.
