Con la sentencia a los líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por la violencia que ejerció en la crisis de 2019, previa a la renuncia del expresidente Evo Morales, es un avance de las acciones del Estado, aunque hay mucha tarea pendiente.
Así lo consideraron Katheryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información en derechos humanos; Ruth Llanos, representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), y Nadia Cruz, viceministra de Igualdad de Oportunidades.
“Esta sentencia nos da un respiro (…). Vemos que el Estado ha cumplido, es un avance, hace cumplir con las recomendaciones”, afirmó Ledebur en un diálogo en Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
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Sentencia
Sin embargo, consideró que se trata de una sentencia reducida tomando en consideración la gravedad de los hechos. Además, solo se trata de una parte de la reparación que requieren las víctimas de las acciones de la RJC.
“Haber logrado una sentencia, que no es la suficiente y que no es para todos, porque todavía la Unión Juvenil Cruceñista sigue actuando en Santa Cruz, igual que los Motoqueros Blancos, (muestra que) tenemos una tendencia a la impunidad”, afirmó Llanos.
El Juzgado de Sentencia Penal 12 de Cochabamba dictaminó el pasado jueves una sentencia de ocho años de cárcel contra Yassir Molina; seis años y medio contra Mario Bascopé y su hermano Favio Bascopé; y dos años contra Milena Soto, Jaime Maldonado, y Luis Terán.
Todos formaron parte de la organización parapolicial que en la crisis de 2029 sembró terror en las calles de Cochabamba y que se caracterizaba por el uso de motocicletas, el amedrentamiento a movilizados con el gobierno de Jeanine Áñez y pertrechados con armamento casero.
Cuando se conoció la decisión judicial, el Ministerio de Gobierno informó que apelará la sentencia, puesto que, considera, las condenas deberían ser más drásticas.
La RJC realizó una serie de actos delictivos en la crisis de 2019; agresión en primer grado, tortura y vejámenes, tráfico de sustancias, racismo y discriminación, quema y destrucción de edificios públicos, entre otros.
“Son estos grupos paraestatales que actúan en la sombra, por debajo de las normas, desde los años 50 y fueron muy fuertes en los 70, con todas las posibilidades de matar, perseguir”, recordó Llanos.
Impunidad
En su criterio, desde el retorno a la democracia en 1982, el país no ha sido capaz de desmantelar este tipo de grupos. Ahora, con la aprehensión de los cabecillas de la RJC, se logra un avance; sin embargo, advierte que estas cabezas son desechables y “como hongos, estos grupos se pueden reactivar cualquier momento”.
“Cualquier hecho de impunidad implica un grave riesgo de que los hechos se puedan repetir”, acotó la viceministra Cruz.
“No son solo grupos que asumen tareas del Estado, sino que tienen la aquiescencia de las unidades estatales; policías y militares que iban con ellos a hacer una suerte de control interno”, fustigó.
En la misma línea, Llanos apuntó contra una falta de memoria que genera que esos hechos se repitan. “La falta de políticas de memoria, la falta de juzgamiento a todos los autores materiales de golpe, de asonadas militares, hace que se vuelva a repetir”, advirtió.
‘Situación normalizada’
Asimismo, la activista recordó que en la crisis de 2019 varias organizaciones, instituciones e intelectuales justificaron lo que sucedió, de manera que estas situaciones se han normalizado.
De manera similar, durante el diálogo se consideró una “romantización” y justificación de los hechos del pasado 26 de junio, cuando el excomandante Juan José Zúñiga se dirigió acompañado de una centena de militares y unas tanquetas a la plaza Murillo con el objetivo de tomar el gobierno.
De acuerdo con Cruz, un sector de la población juvenil manifestaba su deseo por que los militares realmente tomen el poder.
En criterio de Ledebur, esto se debe a que el Gobierno ha dejado de referirse a los hechos del 2019 como un ‘golpe de Estado”; por el contrario, se ha instaurado el término “crisis constitucional” dentro de los medios y de la opinión pública.
“Al no tener el Estado políticas reales, estamos en una caja de pandora que se podría repetir el próximo año”, advirtió Llanos.
Ledebur consideró que la política exterior podría jugar un rol determinante para Bolivia. En su criterio, el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, podría ganar las elecciones e incidir en la promoción y financiamiento de un nuevo grupo paraestatal que busque desestabilizar al país en las elecciones de 2025.
