La tarde del 26 de junio de 2024 quedará como uno de los hechos más funestos en la historia de nuestro país, por el intento de interrumpir la democracia mediante la fuerza y la violencia que se ejerció contra el Estado y la población, reviviendo hechos deleznables de las épocas de la dictadura militar y la imposición de gobiernos ilegítimos.
Los efectos de este episodio oscuro que, si bien duraron unas horas, tuvieron diferentes repercusiones en la actividad económica del país, alterando la habitual normalidad y generando procesos de sobredemanda como una expresión de confusión e incertidumbre de la población que se vio reflejada en diferentes reacciones.
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Una parte importante de la población civil se dirigió al centro del conflicto, que se desarrolló en la plaza del Palacio de Gobierno, creando un cerco al cerco que habían establecido los militares que habían tomado la plaza de la sede de gobierno, bloqueando los accesos con tanquetas y personal militar que estaba fuertemente armado y que reprimía a la población civil que trataba de ingresar a la plaza principal en su intento de defender la democracia.
Otra parte de la población, debido al pánico que generaban las imágenes que eran transmitidas por los medios de comunicación y publicaciones en las redes sociales, se dirigió a los mercados y supermercados para aprovisionarse de productos de consumo, por el temor que generó este intento de desestabilizar la democracia. La misma situación se observaba en las estaciones de servicio de combustible con filas interminables de vehículos, aspecto que se evidenció en el eje troncal del país.
Otra de las reacciones se vio reflejada en los cajeros automáticos que se vieron con colas de clientes financieros que intentaban sacar dinero en efectivo, para contar con recursos por prevención, y así puedan servir para cumplir con sus necesidades y obligaciones básicas.
Ante esta situación, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) efectuó una evaluación de los efectos que se habían producido por esta situación en el sistema financiero, en tal sentido, mediante conferencia al día siguiente del suceso, informó que los retiros no tuvieron una incidencia significativa (menores a Bs 200 millones) y que a mayo las demás variables del sistema financiero se mantienen con niveles de crecimiento, tanto la cartera (4%) como los depósitos (7%), así como la liquidez (64%, mayor al 40% que es el limite prudencial comparable con estándares internacionales) y el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP: 13,9%, mayor al exigido por la normativa que es 10%), aspectos que muestran un sistema sólido y solvente.
Estos datos evidencian que, si bien el intento de interrupción de la democracia generó confusión e incertidumbre en la población, que tuvo diferentes reacciones, existió un efecto nocivo durante las horas de conflicto, pero que afortunadamente no causó repercusiones importantes en el sistema financiero.
Es lamentable que en pleno siglo XXI tengamos aún rezagos de intentos de interrumpir la democracia, con actos ilícitos que pudieron cambiar la historia de nuestro país, con la imposición de un gobierno que no tendría ningún tipo de legitimidad y desconociendo a la autoridad elegida mediante la participación ciudadana en las urnas.
En un contexto donde existen diferentes presiones y amenazas de diferentes sectores, los cuales están siendo atendidos por las autoridades, extremando esfuerzos para mantener la estabilidad económica y social, quedará grabada en la memoria de la población la imagen de una tanqueta militar que derriba la puerta del Palacio de Gobierno, permitiendo el ingreso de uniformados que perpetraron un acto ilegal contra la democracia.
(*) Gustavo Gómez es economista
