La Policía Federal (PF) de Brasil lanzó este jueves una nueva operación con arrestos y allanamientos contra sospechosos de haber participado en una supuesta trama de espionaje ilegal de altas figuras políticas y periodistas durante el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Entre las personalidades de primera línea que se encontraban vigiladas están el poderoso presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, y su antecesor, Rodrigo Maia, según un informe de la investigación difundido este jueves por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) -máxima corte- Alexandre de Moraes, a cargo del caso.
Nueva operación
El propio Moraes, frecuente objeto de la ira de Bolsonaro por ordenar varias investigaciones contra él y su entorno, queda citado en el documento como una de las figuras espiadas, así como otros tres jueces del STF, incluyendo su actual presidente, Luis Roberto Barroso.
La lista también incluye al exgobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria, y periodistas renombradas como Mónica Bergamo, del diario Folha de S. Paulo, así como Vera Magalhães, del diario O Globo, a quien Bolsonaro llamó «una vergüenza para el periodismo brasileño» durante un debate electoral en 2022.
«El espionaje utilizando el aparato del Estado contra personas consideradas como adversarios del expresidente es un comportamiento de un gobierno totalitario y criminal, digno de las peores dictaduras», reaccionó en una nota Rodrigo Maia, quien presidió la Cámara de Diputados de 2016 a 2021.
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«Organización criminal»
La PF lanzó la nueva operación el jueves, la cuarta en el marco de este caso. En esta cumplieron «cinco mandatos de prisión preventiva y siete órdenes de allanamiento» en cinco estados brasileños, incluida la capital Brasilia.
Las órdenes de arresto involucraban a policías de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) e influenciadores digitales sospechosos de expandir desinformación. Cuatro de las personas buscadas quedaron detenidas, confirmó una fuente policial a la AFP.
Son señalados de integrar una «organización criminal» que creó «perfiles falsos» de «miembros de los tres poderes y periodistas» y difundió noticias falsas. También accedieron «ilegalmente» a computadoras y teléfonos.
Los sospechosos usaron recursos de la Abin «para vigilar autoridades (…) con el objetivo de obtener ventajas políticas» y «desestabilizar las instituciones republicanas», afirmó el juez Moraes en el escrito que autorizó la operación policial.
«Gabinete del odio»
Aunque no lo involucra directamente, el escándalo de espionaje salpica a Jair Bolsonaro, un excapitán del Ejército que gobernó Brasil entre 2019 y 2022.
En febrero, la PF registró una casa de playa donde se encontraba la familia Bolsonaro en el balneario Angra dos Reis, cerca de Rio de Janeiro, en el marco de la misma investigación.
Los agentes también visitaron inmuebles ligados a Carlos Bolsonaro, segundo hijo del exmandatario ultraderechista y legislador de Rio de Janeiro (sudeste).
Carlos Bolsonaro, mencionado en la investigación como parte del «núcleo político» de la trama criminal, es sospechoso de haber coordinado bajo la presidencia de su padre un «gabinete del odio», una «milicia digital» encargada de denigrar a opositores en las redes sociales y de diseminar informaciones falsas.
Este jueves, el hijo del expresidente reiteró en su cuenta de la red X que «nunca han mostrado ninguna prueba» que lo ligue a las acusaciones.
«Estructura paralela»
La investigación sostuvo que policías federales y agentes de inteligencia integraban una «estructura paralela que actuaba bajo el comando» del entonces director de la Abin, Alexandre Ramagem, actualmente diputado y hombre de confianza de Jair Bolsonaro.
El senador Flavio Bolsonaro, otro hijo del expresidente, denunció en X un intento de «perjudicar la candidatura» de Ramagem; aspira a la alcaldía de la ciudad de Rio de Janeiro en las elecciones de octubre.
El escándalo estalló en octubre con el arresto de dos funcionarios de la Abin, sospechosos de haber usado sin autorización el software de espionaje israelí FirstMile. El programa, adquirido por el gobierno brasileño poco antes de la llegada al poder de Bolsonaro, permite rastrear la geolocalización de celulares.
Bolsonaro, que tiene varios frentes abiertos con la justicia, dice ser víctima de una «persecución». «Quieren mi cabeza», lanzó luego de la operación policial en febrero.
La semana pasada la PF recomendó su imputación por un supuesto desvío de joyas regaladas por países extranjeros cuando ocupaba la presidencia. También, es investigado por la supuesta falsificación de certificados de vacunas anticovid; la invasión de las sedes de los poderes públicos en Brasilia en enero de 2023 por sus seguidores; y por un presunto plan de golpe de Estado para mantenerse en el poder.
