La Cámara Nacional de Industrias (CNI) rechazó y repudió los actos de avasallamientos y bloqueos que se suscitan en Bolivia, en particular en los departamentos de Santa Cruz y La Paz que estrangulan a las empresas.
Los avasallamientos y bloqueos generan un escenario de alta inseguridad jurídica para el desempeño de las empresas y ahuyentan a las inversiones nacionales y extranjeras, reflejando una imagen de “país de alto riesgo”.
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Según la CNI, las pérdidas por bloqueos de carreteras superan a nivel nacional los $us 50 millones por día y los avasallamientos de tierras vulneran el derecho a la propiedad privada consagrada en la Constitución Política del Estado (CPE), generando un estado de “zozobra” entre los empresarios que apuestan por el país.
En los últimos 14 años (2010 al 2023) se realizaron más de 2.400 bloqueos en carreteras en el área rural y urbana del país equivalente a la pérdida de producción de tres años del Producto Interno Bruto (PIB).
En este contexto, los industriales del país plantean un proyecto de ley que modifique el Código Penal tipificando los bloqueos que atenten contra la seguridad y funcionamiento de servicios públicos o que obstruyan vías públicas que atenten contra la vida y salud de la población, con penas privativas de libertad de hasta ocho años.
Sanción
La CNI exhorta a las autoridades nacionales y subnacionales a hacer prevalecer el estado de derecho sancionando a avasalladores y bloqueadores en el marco del sistema jurídico vigente.
Asimismo, piden que se viabilice la propuesta de sanción penal a los bloqueadores para evitar un mayor deterioro de la economía nacional, de las familias afectadas y de la sostenibilidad de las empresas.
