Hace 10 años vivimos un momento histórico, el 17 de julio de 2014 se promulgaba la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente, una conquista normativa posconstituyente que pretendía profundizar la protección integral de la niñez y adolescencia en Bolivia, que en ese entonces representaba el 40% del total de la población.
Este código surgió posterior a la aprobación de la Constitución Política del Estado de 2009, que adopta un marco filosófico basado en la descolonización y la despatriarcalización y que es fruto de las luchas históricas de resistencia a la dominación colonial en Bolivia.
El creciente número de casos de infanticidios y de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes que quedan en la impunidad nos impone la necesidad de una reflexión colectiva.
Bolivia, históricamente ha logrado que sus luchas emancipatorias y antipatriarcales incidan de manera importante en la legislación del Estado Plurinacional, pero no hemos tenido el mismo impacto respecto a la norma especializada de niñez y adolescencia.
El ejercicio del poder adultocéntrico se expresa en relaciones sociales asimétricas entre personas adultas, que ostentan el poder, y las niñas, niños y adolescentes que subalternan. Esta asimetría puede ser violenta, pero también puede expresarse en el dominio hegemónico adulto que configura un paternalismo social, judicial y legislativo que alienta la “minorización” de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, quitándoles su lugar en el mundo como sujetos de derechos.
La normativa unitaria es un vestigio del Estado colonial, que deriva en una visión unidimensional de la niñez y la adolescencia, circunscribiéndolas a un escenario urbano, antropocéntrico e individualista. Esta mirada occidentalizada de las niñeces ha generado un sesgo normativo, confinando en el olvido —por ejemplo— a la niñez y la adolescencia indígena, transcultural y migrante, que son portadoras de identidades plurales.
Después de estos primeros 10 años, debemos preguntarnos si esta normativa ha sido suficientemente capaz de derribar el pensamiento colonial, patriarcal y adultocéntrico, para así superar un paradigma normativo de corte eurocéntrico que amenaza otros avances significativos hasta ahora consolidados.
Necesitamos enfrentar las realidades en las que habitan las niñas, niños y adolescentes. Realidades enraizadas en un sistema colonial, una justicia señorial, clasista, racista y patriarcal y un sistema de protección desarraigado a los territorios en los que habitan las niñas, niños y adolescentes, y que sigue fortaleciendo mecanismos de opresión adultocéntrica.
Necesitamos miradas reflexivas que no prescindan de las voces y la actoría de las niñeces bolivianas. Es inaceptable que aún exista una apropiación de un discurso adultocéntrico que siga secuestrando el protagonismo a las niñas, niños y adolescentes.
Debemos transformar a los sujetos ausentes en sujetos presentes. Retomar la comunidad como escenario propicio para la construcción legislativa soberana y plurinacional enmarcada en el paradigma del “vivir bien”, “donde nadie es más que nadie”.
Necesitamos leyes que enfrenten el poder colonial y rompan el cerco de sumisión a los modelos y principios eurocéntricos e impulsen reformas legislativas hacia la materialización de acciones audaces para el “retorno de los sujetos subalternizados”, como diría Frantz Fanon.
Finalmente, a los 10 años del código es imprescindible rendir un tributo amoroso a las niñas, niños y adolescentes, quienes vienen dando batalla desde sus organizaciones, planteando un horizonte esperanzador y emancipatorio. Esta es la muestra más digna de su presencia y su resistencia contra un sistema adultocéntrico que sigue propagando injusticias.
(*) Ninoska Durán Burgoa es abogada
