Bolivia pasó por 18 años consecutivos de dictaduras militares (1964-1982) que dejaron como saldo cientas de personas desaparecidas, torturadas y asesinadas. Después de ese periodo sangriento, la democracia ha sido asechada por el Ejército y grupos de civiles que intentaron tomar el poder a través de vías no legales.
Este miércoles, se recuerdan 44 años desde aquel 17 de julio de 1980, cuando los militares Luis García Meza y Luis Arce Gómez, ahora fallecidos, establecían una dictadura marcada por la represión y financiada por el narcotráfico.
La dictadura liderada por García Meza fue una de las últimas del periodo consecutivo de dictaduras. Sin embargo, el 26 de junio reciente, un grupo de militares insubordinados intentó tomar el poder con ayuda de tanquetas que se plantaron en la plaza Murillo de La Paz.
En entrevista con La Razón Radio, la activista de Derechos Humanos y expresidenta de la Comisión de la Verdad, Nila Heredia, recordó el golpe de Estado de Luis García Meza, como un momento “complicado, confuso y duro”, que, de ninguna manera, se debe volver a repetir en la historia de Bolivia.
Heredia fue militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia (PRT-B). Fue secuestrada el 2 de abril de 1976 de su casa, fue torturada en la entonces Prefectura de Cochabamba; su caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la que, tras solicitar informes al Gobierno boliviano de entonces (1977), declaró que la administración gubernamental de entonces violó los derechos a su integridad y al debido proceso.
Heredia, ministra de Salud en el gobierno de Evo Morales, manifestó su preocupación por el riesgo latente de la democracia y encontró algunas similitudes en los golpes clásicos militares y —según calificó— el “ensayo de golpe” que hubo el 26 de junio.
Después de esa intentona golpista surgieron diferentes tesis acerca de lo ocurrido. La oposición, el expresidente Morales y sus seguidores tildaron el suceso de “autogolpe” o “show mediático” por parte del Gobierno.
Por su parte, la administración del presidente Luis Arce rechazó las teorías y consideró que fue un “fallido golpe de Estado”.
Más allá de la categorización del hecho, Heredia afirmó que “de ninguna manera” de trata de un autogolpe y el apoyar dicha tesis “encubre” un serio “ensayo de golpe”.
“Me duele la visión que tiene Evo. El Ejército tiene un nivel de respeto y responsabilidad a sí mismo; de ninguna manera, se va a prestar y va a haber una lógica de autogolpe. Ése ha sido un ensayo evidente”, dijo.
En su criterio, es “torpe” respaldar la teoría de “autogolpe” o “show mediático”. “Esa lógica la puedo esperar de cualquier gente de la oposición (…) y de la derecha, pero no del señor Evo Morales”.
“Por favor, que se saquen esa lógica de ‘autogolpe’. Nadie es tonto para hacer eso y el Ejército no lo es”, sentenció.
Explicó que, actualmente, los golpes de Estado se dan con nuevas estrategias y no necesariamente como se daban los golpes clásicos en América Latina. Es decir, los golpes son golpes, se ejecuten en la forma que sea.
Consultada sobre las similitudes del golpe de García Meza y la intentona de golpe liderada por Juan José Zúñiga, develó que Arce Gómez al igual que Zúñiga fueron miembros del equipo de Inteligencia del Ejército.
“Arce parecía un tonto, pero tenía años de formación. Zúñiga también tenía preparación e información”, añadió.
Resaltó también la actitud prepotente de ambos militares. “Arce era prepotente antes y durante el golpe y Zúñiga igual”. “Ese momento (el 80) la Policía se acuarteló y creo que este 26 también estuvo acuartelada”.
El 26 de junio no hubo muertos y, por ello, la oposición y detractores del Gobierno calificaron el hecho como un “show mediático”. “¿Cuándo han visto un golpe sin muertos?”, cuestionó Morales en una conferencia de prensa.
Al respecto, Heredia argumentó que, incluso en el pasado, antes de 1980, hubo tomas militares sin muertos y ejemplificó con los casos de Juan Pedera Asbún y Alfredo Ovando Candia. “No estoy defendiendo (al gobierno de Arce) tiene muchas debilidades, pero hay un afán de debilitar un gobierno democrático”.
En su criterio, una característica común de los golpes contemporáneos es el debilitamiento de las administraciones y, de ese modo, justificar una toma ilegal del poder ante la población. “Esos discursos tienen el objetivo de generar inseguridad en la población”.
“Si bien no son golpes clásicos, son mecanismos de debilitamiento y destrucción para hacer parecer que el Ejército no interviene, como ocurrió en 2019”, recordó.
En 2019, una movilización, un motín policial y una “sugerencia” de renuncia por parte de las Fuerzas Armadas derivó en el derrocamiento de Morales, quien salió del país tras la persecución política.
“No podemos decir aquellos (los de antes) eran golpes porque no todos los golpes generan muertos ese día, sino que pueden ocurrir antes o después”, acotó Heredia.
El 14 de noviembre de 2019, la otrora presidenta Jeanine Áñez puso en vigencia el Decreto Supremo 4078, conocido también como el “decreto de la muerte”. La norma sirvió como aval para que las Fuerzas Armadas repriman a manifestantes que reclamaba respeto a la democracia.
Las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) son las dos en las que Fuerzas Armadas actuaron bajo el amparo de la norma que permitió la participación de los militares en apoyo a la Policía Boliviana para reprimir protestas que cuestionaban a los gobernantes de entonces.
La norma establecía que los miembros de la institución castrense estaban exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas.
“El golpe de 2019 no fue un ensayo. La actitud del Ejército fue consolidar el golpe porque estaban en su traje de guerra con absolutamente todo. Hicieron todo, utilizaron aviones, estuvieron en el golpe”, recordó Hereda.
Después de aquella crisis política de 2019, también hubo polémica debido a que surgieron teorías, aquella vez entre “golpe” o “fraude”. Esas tesis todavía siguen en debate entre actores políticos. Sobre la dictadura de García Meza, la Justicia boliviana también condenó a estos militares por sus crímenes, en 1993, con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, pero, varios de sus colaboradores quedaron impunes.
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