El abogado y exviceministro de Régimen Interior y Policía Nelson Cox observó encubrimiento por parte de la Fiscalía en los hechos de violencia que derivaron de la crisis poselectoral de 2019, y, además, teme que varios casos queden en la impunidad.
La Fiscalía imputó a Milena Soto, una de los cabecillas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), por la violencia contra la exalcaldesa Patricia Arce en la crisis de 2019. La exautoridad sufrió violencia en su contra mientras era alcaldesa de Vinto (Cochabamba), en noviembre de 2019, cuando se desató la crisis que derivó en el derrocamiento del presidente Evo Morales.
La víctima y actual senadora fue abordada por integrantes de la RJC, que sembraron terror entre los ciudadanos con armas y montados en motocicletas. Arce fue bañada en pintura roja y humillada por miembros del grupo irregular, y otras vejaciones.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Cox lamentó que la vejación y humillación contra Arce no hayan sido investigadas y cuestionó que las sentencias contra los líderes de la RJC hayan sido “cortas”.
Indicó que el proceso fue impulsado desde 2020. “En 2022 debieron ser sentenciados. Muchos casos (de 2019) fueron rechazados, el más emblemático fue el de Patricia Arce. De todos esos agresores, solo tres tenían sentencia, en su momento”.
“Es irresponsable el rol de la Fiscalía General que no tuvo el mínimo cuidado para tratar de conglobar hechos que sean esclarecedores”, reprochó al denunciar una presunta retardación de justicia.
El 4 de julio, los cabecillas de la RJC fueron sentenciados a prisión: Yassir Molina Lozada (ocho años), Mario Bascopé (Tonchi) y Fabio Bascopé (seis años y seis meses), Jaime Maldonado y Milena Soto (dos años de privación de libertad).
Por otro lado, Cox denunció que en la fase de juicio oral del caso RJC, las víctimas hayan sufrido agresiones y amenazas. Develó que en la sentencia hubo un delegado del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que comprobó la «desprotección» de las víctimas.
“Las víctimas no han podido ingresar a (la lectura de sentencia). No hay garantía para las víctimas”, reclamó.
El abogado espera que el Gobierno cumpla con las recomendaciones de los organismos de derechos humanos sobre la reparación judicial a favor de las víctimas de la RJC y de Sacaba y Senkata, en 2019.
El GIEI, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó de paraestatal a la RJC, organización que atacó con violencia en la crisis de 2019 a gente de campo en la ciudad de Cochabamba.
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