Ante la cuestionada supuesta nominación de Israel Campero al Tribunal Administrativo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la viceministra de Justicia, Jessica Saravia, aclaró que el vocal ya fue reelecto y que la Cancillería simplemente ratificó esa decisión.
“Esto no se trata de una postulación, considerando que Israel Campero ha fungido como magistrado de la OEA desde enero de 2019, por un tiempo de seis años que concluye este año. Es importante señalar que la normativa de la OEA permite la reelección de las autoridades, es decir, la ratificación por un periodo similar. Conforme a las sesiones que se han llevado ha sido reelecto de manera unánime, obviamente por el trabajo que vino desempeñado”.
Añadió que el trabajo de Campero es ad honorem, por lo que no es incompatible con la función pública. “No olvidemos que estos espacios han sido ocupados por viceministros de otros países y considerando que este Tribunal Administrativo tiene como función principal resolver problemas laborales de los miembros de la OEA, no tiene otra facultad”.
La viceministra añadió que la nota remitida por la Cancillería al titular de la OEA son solo formalidades, esto debido a que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que ver con el relacionamiento de los bolivianos con cualquiera de las instituciones de los mecanismos internacionales. “No significa que la Cancillería haya generado una postulación, sino una ratificación que se generó dentro un tribunal”, remarcó.
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El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, criticó la supuesta postulación y advirtió de un “intercambio de favores” entre el Gobierno y Campero.
“Ésta es una prueba más del pacto que existe entre vocales, magistrados autoprorrogados y el Gobierno. Esto demuestra otra vez el intercambio de favores. Ahora, el mismo vocal que cercenó facultades de fiscalización a la Asamblea Legislativa es propuesto para que sea parte del Tribunal Administrativo de la OEA” (sic), escribió Morales en su cuenta de X.
El vocal Campero, presidente de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, es cuestionado, principalmente por el ala evista, porque el 2 de mayo ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso del bloque arcista del oficialismo, celebrado el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto.
Más adelante, el 23 de mayo, el mismo TSE resolvió rechazar las resoluciones de ese cónclave por “incumplimientos insubsanables”.
