Un informe de conflictividad presentado este lunes por la Defensoría del Pueblo devela que los bloqueos de caminos son la medida de presión más utilizada por sectores sociales para conseguir atención a sus demandas.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que urge que el Estado mejore sus mecanismos de gestión de la conflictividad.
“Éste es un mensaje claro hacia el Estado para que oportunamente se puedan gestionar las demandas sociales, que pueden tener cierta legitimidad, pero el momento en que se traducen en una medida de presión, implica que no hubo una atención oportuna por parte del Estado”, observó Callisaya.
El Defensor del Pueblo ejemplificó esta situación con lo sucedido hace semanas en el municipio de Caracollo (Oruro), cuyas organizaciones sociales protagonizaron un bloqueo de caminos. La institución defensorial acudió al lugar de los hechos y durante varios días gestionó el diálogo, que finalmente se estableció y derivó en una solución al conflicto.
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Callisaya cuestionó que se esté “priorizando la represión (policial) antes que el acuerdo”, ante los diferentes hechos de conflictividad que se suscitan.
El informe defensorial señala que, en el segundo trimestre de 2024, el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT) registró 171 hechos de conflictividad, de los que 119 son conflictos sociales como tal y 52 alertas tempranas.
Solo en esos tres meses, abril, mayo y junio, hubo 171 hechos de conflictividad registrados. La Paz reporta 41; le siguen Cochabamba, con 27; Potosí, 25.
Luego está Chuquisaca, con 23; Santa Cruz, 21, Beni, 20; Tarija, 10; Oruro, tres, y Pando, uno.
