Ante el rechazo a la solicitud del Gobierno para una nueva prórroga y la remisión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso Hotel Las Américas, la Procuraduría General del Estado informó que definirá la estrategia procesal y asumirá la defensa del Estado.
“La Procuraduría General del Estado informa a la opinión pública que en fecha 26 de junio, con Ref: Mario Francisco Tadic Astorga y otros-Caso N° 13.546, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comunicó la presentación de la causa a la Corte Interamericana para el inicio de la fase contenciosa, instancia en la cual, la abogacía del Estado… asumirá la defensa de los intereses del Estado, interponiendo incidentes, excepciones, poniendo y produciendo prueba y, formulando los alegados previos a la Sentencia final” (sic), señala el comunicado de la entidad.
Además, aclara que el trámite internacional fue iniciado por “un grupo de peticionarios” contra el Estado y no contra “alguna persona, autoridad o exautoridad en específico”. Añade que “el fallo que eventualmente se emita también involucrará al Estado, cuya defensa fue encomendada a la Institución de creación Constitucional frente a evidentes actos separatistas planificados, empero oportunamente detectados antes de su consumación” (sic).
A través de una carta remitida a la canciller Celinda Sosa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que el pedido de prorroga solicitada por el Estado no fue otorgado, en consecuencia, el organismo presentó el Caso N° 13.546-Mario Francisco Tadic Astorga y otros, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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El caso se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra, en abril de 2009, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.
Entonces, también cayeron Michael Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro). Y salieron con vida Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes anunciaron un juicio contra quienes propiciaron la toma del hotel, entre ellos el expresidente Evo Morales.
Un informe de la CIDH del 21 de diciembre de 2021 determinó que ese año las fuerzas del Estado ejecutaron extrajudicialmente y torturaron a cinco miembros del supuesto grupo armado.
En abril, el procurador general del Estado, César Siles, indicó que siete “supuestas víctimas” acudieron a la CIDH para que se responsabilice al Estado boliviano de vejaciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
El informe de fondo de la CIDH contiene cinco recomendaciones para el Estado: reparación económica, rehabilitación, satisfacción pública, investigación y modificación de currículas en la Fiscalía y la Policía.
