Cuando la falta de diésel y de dólares, el bloqueo de transportistas y la incertidumbre en torno a las elecciones judiciales nos mantienen bajo tensión, necesitamos buenas noticias que nos den señales de que la gestión pública no está inmovilizada.
Y esa señal la recibimos del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), que lleva adelante la implementación del Modelo de Gestión de Redes, que busca articular el trabajo conjunto para luchar contra la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes en 125 municipios. Esta iniciativa apunta a la conformación de redes locales de atención y protección priorizando tres campos: eficacia financiera, efectividad en la prevención y mejoras en la atención de víctimas. Frente a los escasos recursos con los que las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) cuentan, solo un modelo colaborativo podrá cubrir la demanda de sus poblaciones.
Reconociendo que tenemos un subregistro de la violencia en el país porque la información oficial la provee la Fiscalía, donde llega un número limitado de los casos, también es de vital importancia el funcionamiento efectivo del Registro Único de Violencia (RUV) como corazón del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE), y del Módulo de Información de Defensorías (MID) que está integrado al Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (SINNA). Esta información, adecuadamente recogida, es vital para un mejor diseño e implementación de políticas públicas.
Para que esta red involucre no solo a las instancias estatales, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz Tarifa, se reunió con representantes de 34 organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil para conformar la Mesa de Sociedad Civil para Coordinar la Implementación del Modelo de Gestión de Redes y así vincular todo el trabajo que estas organizaciones realizan en los territorios de todo el país. Luego de 11 años de implementación de la Ley 348, es la primera vez que el Estado convoca a un trabajo con estas instituciones, reconociendo su aporte a los resultados de la lucha contra la violencia y la respuesta fue el compromiso de fortalecer el liderazgo de la instancia estatal en su rol de rectoría de las políticas públicas.
En un momento en que Bolivia presenta cifras alarmantes sobre violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes; con la crisis de un sistema de justicia corrupto y la ausencia de instituciones como la FELCV o el Ministerio Público que dejan a las poblaciones en indefensión e impunidad, este tipo de iniciativas es crucial incluso como señal política para quienes intentan cuestionar el espíritu de la Ley 348, que tiene como horizonte garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Se trata de optimizar recursos, ya que el estudio del Ministerio de Justicia Estado de Situación de la Violencia Contra las Mujeres en Bolivia, muestra que de los 339 municipios en el país, solo 114 cuentan con una oficina de la FELCV, que es la primera instancia de atención e investigación de los hechos de violencia. La segunda instancia encargada de la investigación, posterior imputación y acusación es el Ministerio Público, y su presencia se circunscribe a 116 municipios. Así, en gran parte del territorio nacional hay ausencia de Estado, con la posibilidad de que se cometan serios abusos en derechos humanos.
Esas son buenas noticias. La convocatoria estatal al trabajo conjunto de todos y todas en la prevención y atención de la violencia implica una voluntad de avanzar incluso en un momento político y social de máxima tensión.
Lourdes Montero es Cientista social.
