Tras un año y cinco meses de espera, la Asamblea Legislativa por fin destrabó el proceso de las elecciones judiciales. Con ello, aprobó y remitió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) las listas de los postulantes que pasaron la preselección.
En una sesión en la ciudad de Sucre que duró cerca de nueve horas, los legisladores aprobaron con más de dos tercios los informes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, que avalaron las listas para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM).
“Con el voto de los dos tercios de los asambleístas se ha aprobado el informe y las listas de los candidatos preseleccionados… remítase al Tribunal Supremo Electoral con nota de atención”, indicó el presidente nato de la Asamblea, vicepresidente David Choquehuanca.
Para el TCP, 36 postulantes figuran en el informe final de la Comisión Mixta de Constitución. De esa cantidad, 20 son varones y 16 mujeres. En tanto, para el TSJ hay 69 postulantes y la paridad de género se cumple: 34 son mujeres y 35, varones.
El punto más problemático en este proceso para la comisión mixta fue la paridad de género y el cupo indígena, debido a que algunos departamentos no contaban con esa representatividad.
También la Comisión Mixta de Justicia Plural aprobó el informe final con 20 candidatos al Consejo de la Magistratura y 14 al Tribunal Agroambiental, cumpliendo la paridad de género y el cupo indígena.
Cargos
El proceso de preselección para los altos cargos del TCP y demás instancias del Órgano Judicial comenzó el 27 de marzo de 2023, luego que la Asamblea lanzara la primera convocatoria para la recepción de documentos para la preselección. Sin embargo, días después, el 13 de abril de esa gestión, se presentó la primera paralización de estas labores con una acción de amparo constitucional otorgada por una Sala Constitucional del departamento de Beni.
Después de la prórroga del mandato de los magistrados y una serie de recursos judiciales y pugnas legislativas, las judiciales estuvieron paralizadas hasta el 2 de febrero de este año, luego que las tres fuerzas políticas en la Asamblea ―Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos― trabajaron en una ley que regule las elecciones en concordancia con la Constitución y la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023.
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Pero continuaron los tropiezos, debido a las múltiples acciones constitucionales que paralizaron de nuevo el proceso, principalmente presentados por postulantes que fueron inhabilitados.
En la sesión de ayer, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas (MAS), indicó que en todo el proceso de preselección se tuvo “muchos” obstáculos debido a los amparos que “han llegado y siguen llegando” a la comisión.
“Hasta ahora siguen llegando amparos a las dos comisiones y seguramente vamos a derivar como presidentes de las comisiones a su Presidencia”, dijo Rejas.
En esa línea, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla (MAS), remarcó que la etapa de preselección “no ha sido fácil” y tocó el trabajo “más complicado y más cuestionado por el pueblo”.
“No (es) porque nosotros no teníamos la capacidad de llevar adelante, sino porque los autoprorrogados nos presentaban amparos constantemente”, añadió.
La Ley 1549 dispone de 150 días calendario para el trabajo del TSE. Una vez cumplido este trámite de la Asamblea, el Órgano Electoral deberá convocar a las elecciones judiciales. En enero, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, consideró necesarios 120 días para ello, aunque dijo que se puede organizar dichos comicios en 90 días.
