El ministro de Justicia, Iván Lima, planteó que la ampliación de los escaños legislativos sea debatida, tras el anuncio de un referéndum sobre el tema. Asimismo, dijo que está en análisis si una ley o un decreto definirán la convocatoria y la organización de la consulta.
El presidente Luis Arce anunció el martes, en los actos por los 199 años de la independencia de Bolivia, un referéndum sobre la subvención a los hidrocarburos, la redistribución de los escaños parlamentarios ante los resultados del Censo realizado en marzo, y la reelección continua y discontinua.
En conferencia, Lima indicó ayer que en cuanto a los escaños, el artículo 146 de la Constitución Política pone un límite de 130 para la Cámara de Diputados, lo que calificó como una “camisa de fuerza” que impide su ampliación, lo cual será necesario ante los resultados del Censo que ya serán conocidos a nivel general este mes.
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Escaños
“(La redistribución de escaños departamentales) debe ser aplicada por el Tribunal Supremo Electoral y no puede ser utilizada con intereses políticos para enfrentarnos entre regiones, para enfrentarnos entre bolivianos. Pensamos que hay mucho que analizar respecto a los escaños sobre la representatividad que se tiene”.
Asimismo, remarcó que el debate de esta ampliación también es necesario porque tras la inclusión plena de Bolivia en el Mercado Común del Sur (Mercosur), se requerirán diputados que vayan al Parlamento de este bloque. “Vean tantos problemas que tenemos con esa camisa de fuerza de 130 escaños que le tenemos que explicar, analizar y debatir a la población”.
Lima se refirió también a que el Gobierno analiza el procedimiento adecuado para convocar y organizar la consulta. “El Presidente va a poder convocar al referéndum con las reglas actuales y lo puede hacer mediante decreto supremo, pero queremos cualificar, mejorar el proceso. Si la Asamblea quiere participar, está invitada. Pero no nos va a volver a secuestrar; no vamos a tener una Asamblea que bloquee desarrollo, créditos, que bloquee reformas estructurales al Estado, no lo vamos a permitir”, desafió.
De acuerdo con la autoridad, un equipo jurídico del Órgano Ejecutivo trabaja para “encontrar la mejor solución”. Añadió que cada una de las preguntas seguirá un procedimiento diferente. En el caso de la reelección, se trata de una pregunta constitucional, por su relación con el artículo 168 de la Constitución Política. Mientras que, sobre la subvención, es un tema económico y técnico que no se contempla en la Carta Magna.
Además, el ministro de Justicia informó de un proceso en curso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para ajustar el procedimiento para realizar un referéndum, con el fin de analizar “el mejor camino para escuchar al pueblo boliviano”. “Me refiero al Auto Constitucional 326/2024, del 16 de julio de 2024 (…); ha admitido la posibilidad de que se revise el procedimiento de referéndum en el país”.
Pese a que la Ley 026, de Régimen Electoral, establece que el Presidente puede llevar a cabo un referéndum, el auto constitucional busca agilizar el proceso, aunque todavía está en debate.
Facultad
“La ley lo permite, el Presidente tiene la facultad de convocar a un referéndum directamente. El auto constitucional no nos permite decir si es una ley o es un decreto. Estamos en un momento de análisis constitucional en el diálogo entre el Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el TCP, pero el presidente lo ha anunciado porque está habilitado para eso”, explicó Lima.
En su criterio, ahora el Gobierno deberá dialogar con los demás órganos del Estado; pero también con la población, para darle “certeza y seguridad”. Complementó que las preguntas del referéndum deben ser revisadas previamente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, posteriormente, por el TCP, que avalará su legalidad.
“Queremos un referéndum en el que se cumpla lo que diga el pueblo”. Lima espera que el TSE pueda definir la fecha de las elecciones judiciales, y por ende del referéndum, en esta semana.
