Desde junio se puede ver una familia indígena del oriente viviendo en la avenida Ballivián de Calacoto de la ciudad de La Paz. Se trata de una adulta mayor, que podría ser la abuela del clan, una pareja de unos 25 a 30 años, dos mujeres jóvenes que no pasan de los 20 años y varios niños, desde un bebé que no debe llegar a los ocho meses hasta infantes de uno, tres, cuatro y siete años. Cuando uno los ve en la cuadra del Automóvil Club se pregunta cómo es que se establecieron allí con cartones a modo de camas, muchos bultos donde deben guardar todas sus pertenencias, están tan apostados en la acera que uno no puede dejar de pensar que allí viven, que pasan todo el día como en una reunión familiar, igual a la que tiene cualquier persona dentro de su casa alrededor de su mesa o acomodados en el sillón de su sala. A esta familia de indigentes se los ve sentados en rueda, llaman la atención por la cantidad de miembros, porque hablan muy fuerte entre ellos, no parecen ebrios, ríen a carcajadas, los adultos y sobre todo los niños están muy sucios, con las ropas viejas y todos con alpargatas.
Esta escena se puede ver en varias otras ciudades del país. Es indudable que el número de indigentes se ha incrementado notoriamente. Antes de la pandemia las calles se llenaron de familias venezolanas pidiendo limosna de muchas maneras, con lisonjas, de rodillas, llamando madre o padre a quien tenían por delante. Hoy estamos observando a bolivianos y bolivianas en grupos familiares que se apostan en las calles para “vivir” en ellas.
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¿Qué entidad del Estado debería ocuparse de estas personas? ¿Las alcaldías? ¿Las defensorías porque hay niños y adultos mayores? ¿Dejar que las iglesias hagan su obra de caridad? ¿No deberían ser parte de una política pública que trabaje en serio por la disminución de la inocultable pobreza extrema?
Tenemos leyes que pensamos son las más avanzadas en América Latina, pero en su aplicación estamos a años luz de distancia, al igual que en la traducción de esas leyes y su reglamentación en acción e intervención directa del Estado, que vele por la mejora en la calidad de vida de las y los ciudadanos.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 1,4 millones de bolivianos viven en extrema pobreza. Esta cifra puede tener mucho impacto o ninguno según se aprecie, pero lo que en realidad cuenta es lo que se puede ver en las calles, en las pasarelas, debajo los puentes, en las puertas de mercados, restaurantes, callejones, donde de forma muy sintomática se agrupan personas para vivir en la calle.
(*) Lucía Sauma es periodista
