Tras la instalación del juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y tres exautoridades, declarados en rebeldía, en el caso Petrocontratos, el Tribunal de Juicio, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), rechazó los incidentes presentados por la defensa y determinó el receso para este martes 13 a las 08.30 para la continuidad del juicio oral.
“El pleno del Tribunal Supremo de Justicia constituido en Tribunal de Juicio de Responsabilidades en aplicación del 44 infine y el 315.II del Código de Procedimiento Penal, resuelve declarar infundado el incidente de aplicación preferente de la Sentencia Constitucional 01/2024 y rechazar el incidente de atipicidad interpuesta por el director de la Defensa Pública en representación de los acusados”, señaló el presidente del Tribunal de Juicio, Olvis Egüez.
El 22 de agosto de 2023, el TSJ comenzó el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada (Goni), los exministros de Hidrocarburos Carlos López Quiroga y Jorge Berindoague Alcócer, y el exviceministro Carlos Contreras del Solar.
El expresidente y los demás acusados están en la mira por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Esto en la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas. Los documentos se suscribieron sin tener autorización del Legislativo.
De los 106 contratos, 52 fueron firmados en la primera gestión de gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002), y uno en la de Carlos Mesa, estos dos últimos fueron excluidos del juicio, en momentos distintos.
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Esta situación, según la acusación presentada por el Ministerio Público, habría favorecido los intereses de esas empresas en detrimento del interés del Estado.
La denuncia sobre el caso fue presentada por Evo Morales en 2005, en su condición de diputado. La Fiscalía admitió la demanda el 14 de abril de ese año.
El 11 de septiembre de 2011, la Asamblea autorizó el procesamiento de las exautoridades por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento.
Sánchez de Lozada huyó el país en octubre de 2003, tras la muerte de más de 60 personas en la denominada “guerra del gas”. Estableció su residencia en Estados Unidos.
