Desde que salió a la luz el contenido del diario del cura pederasta Alfonso Pedrajas (+), en el que dejó escritos sus delitos sexuales contra niños y adolescentes, aparecen nuevas víctimas que relatan los aberrantes hechos a los que eran sometidos por otros jesuitas.
Uno de ellos relató que además de abusos sexuales también recibía agresiones físicas de parte de otro sacerdote de la Compañía de Jesús, Alejandro Mestre (+), a su vez otrora arzobispo de La Paz y secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB).
Era 1961. Entonces, la víctima tenía 12 años de edad y cursaba el sexto de primaria del colegio San Calixto de La Paz. Mestre era parte de una unidad educativa en La Paz.
CÁMARA GESELL
Ahora, con el uso de una cámara Gesell, la víctima —cuyo nombre están en reserva por razones obvias— relató que en dos ocasiones lo interceptó el cura pederasta y lo llevó hasta su habitación.
“Lo agredió físicamente y sexualmente. Lo amenazó con la expulsión del colegio si decía algo”, contó este martes la coordinadora de la Fiscalía Especializada en Razón de Género, Trata y Tráfico, Verónica Miranda.
La víctima denunció los hechos en las oficinas de los jesuitas denominadas Ambientes Sanos, a cargo del sacerdote Oswaldo Chirveches, quien, a pesar de tener pleno conocimiento del hecho, cerró el caso.
“En esa circunstancia también se encontraba el provincial Ignacio Suñol. Por lo que se abre un proceso, como ellos señalan, bajo el derecho canónico, el mismo que tenía que durar tres meses y luego emitir una resolución. Sin embargo, esta denuncia la realizó en 2021, y luego de dos años, en 2023, ellos cierran el caso. Señalaron que no existiría ningún indicio”, acotó la fiscal.
IMPUTADOS
Chirveches, el actual provincial de la Compañía de Jesús, Bernardo Mercado, y Suñol, otrora provincial también, están imputados por encubrimiento del caso.
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Ahora la Fiscalía espera el señalamiento de día y hora de la audiencia de medidas cautelares.
La fiscal Miranda adelantó que el Ministerio Público pedirá el arraigo, una fianza de Bs 100.000 entre otras medidas.
La semana pasada, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, había adelantado la información. Entonces, también cuestionó que el Vaticano no haya ofrecido información sobre denuncias de pederastica clerical contra sacerdotes en Bolivia.
