La viceministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos, develó que el proceso de la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga emergió de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que halló movimientos irregulares de “montos importantes”, mientras era funcionaria del gobierno de Jeanine Áñez.
“Este proceso deriva de una investigación financiera patrimonial desde la UIF. La UIF identifica movimientos irregulares y se presume la comisión de un delito. La exministra Lizárraga no pudo probar la licitud de estos bienes”, afirmó en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
Aunque no dio la cifra exacta, aseguró que se trataban de “montos importantes” de dinero que superaban los Bs 200.000. Todos los movimientos se realizaron mientras fungía como titular de la otrora cartera de Comunicación.
“Tenía que demostrar que los montos eran lícitos, pero no ocurrió”, dijo Ríos.
Además, contó que, en lo que duró el proceso, la exautoridad declaró a través de Zoom, pero, aún así, no pudo probar que los ingresos provenían del ejercicio profesional, deudas o una herencia.
Lizárraga, ministra de Comunicación en el polémico mandato de Áñez (del 12 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre de 2020), fue sentenciada a cuatro años de cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, por 182 movimientos bancarios irregulares por Bs 247.072.
Actualmente, es prófuga de la Justicia e instaló su residencia en Estados Unidos. Su defensa anunció una apelación, y Lizárraga denunció “persecución política” por parte de la administración del presidente Luis Arce.
Áñez tomó el poder el 12 de noviembre de 2019, cuando primero se declaró presidenta de la Cámara de Senadores y, posteriormente, presidenta del Estado. En los respectivos actos en la Asamblea Legislativa no hubo quorum reglamentario ni la presencia de la bancada, entonces mayoritaria, del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El 10 de aquel mes, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo, presionado por una fuerte crisis social y política que cobró fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que el líder cocalero deje su mandato.
Por ello, la legalidad y legitimidad del mandato de la expresidenta fueron duramente criticadas y cuestionadas. Un juicio, caso Golpe de Estado II, la sentenció en 2022 a 10 años de prisión por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.
No obstante, en medio de la gestión, salieron a la luz varios casos de corrupción de distintas carteras de Estado. Por todo aquello, la expresidenta y 18 de sus ministros afrontan, por lo menos, 37 casos.
Ríos aseguró que la mayoría de los acusados enfrenta procesos por compras irregulares, uso indebido de bienes, designaciones ilegales a cargos públicos y viajes a diversos destinos sin rendición de cuentas.
“Los procesos se han ido iniciando no por subjetividad por la persona, sino por el delito cometido. Han cometido diferentes hechos y el viceministerio ha mantenido una línea discreta”, aseveró.
Varios procesos en contra de los ministros son por ganancias ilícitas, sobreprecios, ventas ilegales, discriminación y conducta antieconómica.
También, hay prófugos, como Luis Fernando López, Víctor Hugo Zamora, Yerko Núñez, Lizárraga y María Elba Pinckert. Mientras que la excanciller Karen Longaric y el exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano se autoexiliaron en Alemania y Estados Unidos respectivamente.
Al respecto, la viceministra Ríos informó que los acusados pueden defenderse vía virtual en los procesos en su contra.
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