En el marco de la “justicia, celeridad y la no repetición”, la Procuraduría General del Estado (PGE) informó que el juicio oral por la masacre de Senkata contra la expresidenta Jeanine Añez (2019-2020) comenzará el 2 de septiembre.
«El Tribunal 4º de Sentencia Penal de la ciudad de El Alto ha fijado la audiencia de inicio del Juicio Oral, Público y Contradictorio para el lunes 2 de septiembre de 2024. Las acusaciones fiscal y particulares por el delito de lesa humanidad, de genocidio y otros conexos, que terminó con la vida de civiles involucra a Jeanine Añez, ex ministros y ex Mando Militar y Policial», dice el comunicado de la PGE.
Puede leer: Diputados rechaza y pospone créditos, y el ministro Cusicanqui protesta por la decisión
Masacre
La investigación del caso comenzó en 2020, una vez que el Movimiento Al Socialismo (MAS) retornó al Gobierno.
La masacre de Senkata ocurrió el 19 de noviembre de 2019, una semana después de que Áñez se proclamara presidenta luego de la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre. Cinco días después de otra masacre, de Sacaba, Cochabamba.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana intervinieron las protestas contra Áñez amparadas en Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de ese año, que eximía a los militares de responsabilidades penales.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Senkata murieron 10 personas con impactos de bala y en Sacaba, otras 10. En este caso, algunas víctimas sufrieron ejecuciones sumarias.
Ambos organismos consideraron que los hechos resultaron una masacre.
Bajo el presupuesto de que los movilizados tenían fines contrarios al Estado y a la democracia –por ejemplo, la acusación de que buscaban hacer estallar la planta de Senkata—, los militares fueron enviados para dispersar a los manifestantes.
El entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, arguyó que el Ejército no disparó “ni un cartucho”. Y en el caso de Sacaba, su colega de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que las víctimas se dispararon entre sí.
Durante el gobierno transitorio de Añez, los militares recibieron indulto y no se investigó los casos, mucho menos se inculpó a los responsables.
Investigaciones
Sin embargo, con el MAS en el Gobierno, se iniciaron las investigaciones.
En la acusación formal, la Fiscalía General afirma poseer más de 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y 11 informes técnicos.
Pese a las pruebas, la imputación formal recién se realizó en 2023. Sin embargo, varios tribunales declinaron su competencia para juzgar el caso.
Además de Añez, están implicados: Arturo Murillo (exministro de Gobierno), Luis Fernando López (exministro de Defensa), Víctor Hugo Zamora (exministro de Hidrocarburlos), Aldo Bravo (excomandante de la Fuerza Armada), Sergio Orellana (excomandante de las Fuerzas Armadas), Pablo Guerra (exjefe del Estado Mayor), entre otros, 17 en total.
La Procuraduría destacó que el juicio será un “proceso sin precedentes” que “procura memoria, verdad y justicia para las múltiples víctimas de las graves violaciones de derechos humanos”. Considera que será un “mensaje inequívoco” en contra de la impunidad.
Añez se encuentra detenida desde 2022, por el Caso Golpe de Estado II, cuando la Justicia dictaminó que su llegada a la Presidencia fue inconstitucional y rechazó el discurso de “sucesión constitucional” que sostuvo la oposición. Cumple una sentencia de 10 años.
Debido a los casos por los que se los acusa, genocidio, tortura, masacre, Añez y los implicados podrían recibir la pena máxima: 30 años de cárcel.
