La Justicia suspendió este lunes la audiencia cautelar de Luis Fernando Camacho y la notaria Gina Chávez “hasta nuevo aviso”, debido a que el juez Roberto Parada presentó su renuncia y dejó acéfalo el juzgado de Instrucción Penal N° 26 de Santa Cruz.
“Tenemos entendido que la autoridad jurisdiccional ha presentado su renuncia, por lo tanto, la audiencia programada no se va a llevar a cabo. Se va a suspender la audiencia entre se asigne una autoridad en suplencia del juzgado”, dijo Martín Camacho, defensa del gobernador encarcelado,
El jurista señaló que la imputación contra la autoridad carece de fundamento jurídico, esto en razón que el Ministerio Público no pudo demostrar la falsedad de la firma de la autoridad cruceña en “unos poderes” que se firmaron desde la cárcel de Chonchocoro, de La Paz y, además, de la inserción de datos falsos.
“Estos datos falsos habrían sido insertados en un poder de parte o a pedido del gobernador. En sus declaraciones Luis Fernando Camacho ha reconocido la firma como propia y además ha indicado que no conoce y nunca ha tenido comunicación con la señora notaria”, dijo el jurista.
Proceso
La indagación comenzó en mayo y el denunciante es el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; luego de que se hallaran supuestas irregularidades en las firmas de un poder de 2023.
Mediante este documento, Camacho, detenido preventivo desde 2022, otorgó atribuciones a algunos de sus secretarios de la Gobernación en materia jurídica.
La entonces notaria de la Gobernación cruceña dio fe de la firma del gobernador. Sin embargo, se descubrió que ella no estuvo presente y que ni siquiera ingresó a Chonchocoro. La información la proporcionó Efraín Suárez, entonces vicepresidente de Creemos y asesor de Camacho.
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Posteriormente, Chávez intentó justificar la rúbrica, empero, las contradicciones y las incoherencias entre las versiones impulsaron las investigaciones.
De acuerdo con el documento de la Fiscalía, Camacho “hizo insertar en dicho instrumento un protocolo con declaraciones falsas como si se hubiese constituido a las oficinas de la Notaria de Gobierno situado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra” (sic).
Detención de Camacho
Cuando se inició el caso, su abogado, Martín Camacho, calificó de absurda e ilógica la denuncia. “Debería estar en calidad de víctima, no de denunciado”.
El 2 de agosto, en sus redes sociales, Camacho también acusó al Gobierno de forzar una imputación “que no tiene pies ni cabeza”. “Así me llenen de imputaciones para tratar de doblegarme, nunca lo van a conseguir. Si creen que con juicios me van a quebrar, o que yo involucre a otros cruceños en los procesos amañados que me siguen, o que me venda, no lo van a lograr”.
El gobernador cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022. Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.
