En 1986, el día 29 de agosto era cercada la Marcha por la Vida de los mineros en Calamarca: fue la última batalla de la vanguardia del pueblo boliviano, una acumulación histórica de más de 80 años sucumbió ante la arremetida neoliberal y la desesperación creada en sus filas.
La lucha democrática había dado como resultado un gobierno de izquierda (1982), débil en el plano institucional, pero poderoso con el respaldo popular.
La crisis económica heredada de la época dictatorial, con una deuda externa superior al PIB, creó un proceso hiperinflacionario; la devaluación de la moneda se debía a la ausencia de dólares en el mercado, los que, generados por las empresas estatales, en su mayoría se destinaba al pago de la deuda externa. La inflación se da por el aumento de la demanda y la disminución de la oferta; así, una solución es contraer la demanda (rebaja de salarios, cierre de empresas, despidos), la otra es aumentar la producción de bienes, para volcarla al mercado interno. Cuando Hernán Siles Z. declaró la moratoria de la deuda externa, ya se había “acordado” el acortamiento de su mandato.
El movimiento popular, con cuyo empeño se conquistó la democracia, consciente de la gravedad de la crisis, planteó un plan de emergencia que contemplaba básicamente aumentar la capacidad productiva de las empresas estatales y el no pago de la deuda externa. El rechazo a esta visión le obligó a la movilización para ser escuchados. Más fuertes fueron las presiones externas —Banco Mundial y FMI— y la máquina conspirativa de la derecha, atrincherada en el parlamento, que oídos receptivos a la propuesta popular.
La política económica permitía dos tipos de cambio, oficial y paralelo. El oficial era para la entrega de las divisas al banco central y el paralelo, superior 10 veces al primero. Así la COMIBOL recibía poco por la entrega de sus divisas y para sus gastos lo hacía con una moneda devaluada; la diferencia era compensada con préstamos que al final la mostraron como una empresa en quiebra. La empresa privada minera, hábil en los negocios, contraía prestamos con el Estado para mantener sus operaciones, pero no exportaba, esperando un tipo de cambio favorable a sus intereses. Para el proletariado minero, pedir devaluación era una palabra prohibida.
El modelo neoliberal cambió el tipo de cambio según los intereses de los exportadores; la dirigencia sindical minera respondió con un plan para rehabilitar la empresa estatal minera. Es en torno a esta propuesta que logra el apoyo de los comités cívicos de Oruro y Potosí, el de la Iglesia católica y el respaldo técnico de las universidades de Oruro, Potosí y La Paz. Con este apoyo social y político, la Marcha por la Vida se inició el 21 de agosto desde la ciudad de Oruro: los mineros tomaron las carreteras con la mirada puesta en la ciudad de La Paz, el centro de las decisiones políticas. El 28 de agosto la marcha contaba con 12.000 participantes y la población de La Paz los aguardaba con amplia simpatía. Las masas en las calles podrían, nuevamente, enrumbar el curso de la historia.
El gobierno de Víctor Paz E. tomó la iniciativa; desplegó una fuerza militar comparable a la enviada a la Guerra del Chaco; su contundencia obligó al repliegue de los mineros. El gobierno había logrado destruir la fuerza social que tuvo la capacidad de interpelar los coqueteos de los nacionalistas con el imperialismo, defender la democracia contra las dictaduras militares, oponerse al manejo sectario y cupular de los partidos, propugnando una democracia asambleísta para construir una sociedad libre, soberana y con justicia social.
José Pimentel Castillo
fue dirigente sindical minero.
