El Tribunal de Juicio de Responsabilidades, en el caso Petrocontratos, sentenció a una pena de seis años y tres meses al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Además de Sánchez de Lozada, los exministros Jorge Berindoague Alcocer, Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López Quiroga tienen una condena de cinco años de prisión.
“Mediante voto mayoritario, falla lo siguiente. Declarando a los imputados (…) autores de la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica previsto y sancionado en los artículos 154 y 224 del Código Penal. Estableciendo una pena de seis años y tres meses para el primero (Sánchez de Lozada) y de cinco años para los restantes imputados”, dijo el magistrado Olvis Egüez, presidente del Tribunal de Juicio de Responsabilidades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Votos
Con seis votos a favor y tres disidentes de los magistrados, la sentencia condenatoria contra el expresidente se concretó luego de un año y tres meses del proceso judicial.
Los sentenciados deberán cumplir su condena en la cárcel de San Pedro de Chonchocoro. Según la sentencia, el cómputo se iniciará una vez ejecutados los mandamientos de condena respectivos “emitidos por el tribunal” de responsabilidad.
Además de las penas, se estable una inhabilitación “especial”, que incapacita a los imputados el obtener mandatos, cargos públicos, empleos, y cualquier tipo de comisiones públicas, sean estás por elección o libre designación, por un periodo de cinco años, de acuerdo normativa penal.
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“Se imponen costas a los imputados, a los condenados, siendo que los mismos han sido objeto precisamente de sentencias condenatorias y además de ello, de habilitarse procedimientos especiales para lo que representan el pago de daños y perjuicios”, señala parte de la sentencia contra los condenados.
El 22 de agosto de 2023, el TSJ comenzó el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada (Goni) y tres de sus exministros; esto debido a la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas. Los documentos se suscribieron sin autorización del otrora Congreso Nacional.
De los 107 contratos, 52 fueron firmados en la primera gestión de gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002), y uno en la de Carlos Mesa. Estos dos últimos fueron excluidos del juicio, en momentos distintos.
Esta situación, según la acusación presentada por el Ministerio Público, favoreció los intereses de esas empresas en detrimento del interés del Estado.
Denuncia
La denuncia sobre el caso fue presentada por Evo Morales en 2005, en su condición de diputado. La Fiscalía admitió la demanda el 14 de abril de ese año.
El 11 de septiembre de 2011, la Asamblea Legislativa autorizó el procesamiento de las exautoridades por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento.
Sánchez de Lozada huyó del país en octubre de 2003, tras la muerte de más de 60 personas en la denominada Guerra del Gas. Estableció su residencia en Estados Unidos.
El 17 de octubre, Carlos Mesa, entonces vicepresidente, asumió la sucesión constitucional.
