El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, afirmó que la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 podría generar un “efecto boomerang”, incentivando el contrabando y el comercio ilícito.
La disposición establece que, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales, las autoridades podrán actuar contra quienes almacenen, retengan o incrementen los precios de estos productos.
En entrevista con La Razón Radio, Camacho cuestionó la necesidad de esta disposición, argumentando que el marco legal vigente ya regula estas prácticas.
Además, destacó que la incertidumbre generada por la norma podría desalentar la inversión y debilitar el sector empresarial formal, perjudicando la generación de empleo y el desarrollo económico del país.
“El contrabando es el sector que no está regulado, no paga aranceles, no paga impuestos, daña nuestra economía, asfixia al industrial formal y puede terminar siendo un detonante para incrementar el contrabando y el crimen organizado en Bolivia”, denunció.
Ante la eventual aprobación del artículo, la CNI adelantó que recurrirán a acciones legales para impugnar la norma.
“Si el gobierno insiste en implementar esta disposición, tomaremos medidas legales. Esto solo generará más conflictos y desincentivará aún más a los inversores”, advirtió.
Este lunes, a través de un comunicado, la CNI expresó “su más profunda preocupación y alarma” por la disposición y pidió al Gobierno nacional adoptar medidas de política económica, que promuevan el desarrollo industrial nacional antes que medidas de orden represivo y confiscatorio.
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