El sector privado ha manifestado su rechazo contundente a la disposición adicional séptima incluida en el Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, al considerar que genera inseguridad jurídica y un clima adverso para las inversiones.
En la disposición adicional séptima se establece que «con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos».
El lunes, en conferencia de prensa, representantes de cámaras industriales y empresarios expresaron su preocupación por las implicaciones de esta medida, calificándola de “arbitraria y discrecional”.
En entrevista con La Razón Radio, Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), explicó que esta disposición plantea un marco ambiguo que podría ser interpretado de manera subjetiva por funcionarios, generando riesgos de extorsión y complicando las operaciones del sector formal.
“Hoy el industrial boliviano ya opera bajo un sistema normativo robusto, con control de precios y regulaciones estrictas. Esta disposición adicional no solo duplica normas existentes, sino que podría afectar directamente a 39,000 industrias, 600,000 fabricantes y 2 millones de microempresarios. Esto incentiva indirectamente al contrabando, que opera fuera de regulación y daña aún más nuestra economía”, declaró.
Camacho lamentó que, mientras otros países modernizan sus marcos legales para atraer inversiones, Bolivia se aleja de esta tendencia. “Hoy necesitamos certidumbre jurídica, pero esta disposición ahuyenta a las pocas inversiones nacionales y extranjeras que aún llegan al país”, afirmó.
Las cámaras empresariales han enviado cartas al presidente, a ministros, y a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados para solicitar la eliminación de esta medida. Además, están evaluando caminos legales para impugnar la norma si llega a promulgarse.
Camacho señaló que las reuniones con representantes gubernamentales son un paso inicial, pero instó al Gobierno y a la Asamblea Legislativa a priorizar leyes que fortalezcan la inversión, como una nueva ley de hidrocarburos, minería e inversiones.
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