La situación de las elecciones judiciales en Bolivia ha desatado un intenso debate entre juristas, legisladores y analistas políticos. Las elecciones judiciales parciales y la controversia sobre la continuidad de los magistrados han llevado a cuestionar la funcionalidad de las instituciones y el respeto al marco constitucional.
En este contexto, Felipe Cordero, director de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana (UCB), y la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame debatieron, en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, acerca de las posibles soluciones a la crisis institucional.
Según Cordero, el país está en medio de un “carnaval jurídico”, donde existe un Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “con dos cabezas”. “Esto refleja el caos que vivimos como país”, comentó, en referencia a la disputa por la presidencia del TCP entre los magistrados Paul Franco y Gonzalo Hurtado.
Cordero aseguró que una de las mayores falencias es la “desnaturalización” del TCP que ha asumido atribuciones fuera de su mandato. Señaló que sentencias como la 0084 han ido en contra del texto constitucional al interpretar normas básicas para justificar figuras como la reelección indefinida.
“Cuando el Tribunal inaplica artículos de la Constitución, está desnaturalizando su rol. Es como jugar a las cartas y cambiar las reglas en medio del juego. Esto crea un sistema que deja de ser confiable para la ciudadanía”, explicó.
Sobre los magistrados “autoprorrogados”, Cordero argumentó que la Constitución establece claramente que su mandato finaliza al cumplirse el periodo estipulado. “No podemos normalizar excepciones y convertirlas en reglas permanentes. Si los magistrados no cesan automáticamente, debe ser el órgano judicial quien lo regule, aunque las instancias internacionales también son una opción a largo plazo”.
Por su parte, la senadora Silvia Salame coincidió en la necesidad de buscar soluciones, pero recalcó que la crisis institucional actual limita las opciones desde el ámbito judicial. “Desde el 2 de enero hemos presenciado un golpe de Estado judicial. No podemos confiar en un tribunal prorrogado e ilegítimo para resolver la situación”.
Salame, quien ha presentado diversos proyectos de ley para evitar el vacío institucional, consideró que la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de legislar para evitar un colapso jurídico.
Ambos entrevistados coincidieron en que la solución pasa por fortalecer el Estado de derecho, pero difieren en los caminos para alcanzarlo. Mientras Cordero abogó por explorar alternativas creativas desde el ámbito académico y judicial, Salame insistió en la necesidad de una intervención legislativa inmediata.
La crisis institucional pone a prueba la capacidad del país para encontrar consensos. Las elecciones judiciales representan una oportunidad para restablecer la confianza en las instituciones, pero, como señalan Cordero y Salame, esto solo será posible con un respeto estricto a la Constitución y la búsqueda de soluciones innovadoras.
