Incumplimiento de deberes y lesiones leves y graves son los delitos por los que el alcalde de Achocalla, Manuel Condori, comparecerá en las siguientes horas ante la Justicia en el caso del deslave en Bajo Llojeta.
El Ministerio Público presentó este martes la imputación formal contra la autoridad edil y en 24 horas debe desarrollarse la audiencia de medidas cautelares. Desde esa institución se anunció que se pedirá la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro.
Luego de las pesquisas, que incluyeron las declaraciones de los alcaldes de La Paz y Achocalla, primero como testigos, además de un allanamiento a la Alcaldía de Achocalla, la comisión de fiscales determinó la aprehensión de Condori. Además convocó a declarar al alcalde de La Paz, Iván Arias, esta vez como acusado.
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La noche del 23 de noviembre, una mazamorra cubrió gran parte las viviendas de la zona del cauce del río Pasajahuira en Bajo Llojeta.
Según el gobierno municipal de La Paz, el deslizamiento ocurrió por movimientos de tierra que realizó la administración del Cementerio Los Andes para ampliar sus terrenos; sin embargo, causó daños en la infraestructura pública, obstrucción de sumideros y bocas de tormenta, entre otros.
AUDITORÍA
Por su parte, la empresa Kantutani solicitó la realización de una auditoría técnica e independiente para determinar las responsabilidades que correspondan, públicas y privadas.
La gerente general de la empresa, Milenka Dávalos, afirmó que, por tratarse de un tema delicado, no se puede afirmar la culpabilidad de nadie sin que se audite, de manera imparcial, los aspectos técnicos que pudieron haber incidido en el desenlace.
Aclaró que los trabajos de estabilización se efectuaron con el conocimiento de la alcaldía de Achocalla. Dijo que participó incluso en tareas previas de supervisión, de las que posteriormente también fue parte el municipio de La Paz.
