El expresidente Evo Morales se sumó a los cuestionamientos al Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2025, cuya disposición adicional séptima autoriza el comiso y confiscación de los productos alimenticios almacenados por los productores.
“Este es un desincentivo más que, sumado a la libre importación, destruirá nuestro aparato productivo nacional, empobrecerá a las familias y profundizará la crisis. Pedimos a nuestros asambleístas patriotas que debatan la ley y rechacen este tipo de disposiciones”, protestó en sus redes sociales.
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Disposición
De esta manera, Morales se suma a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Industrias (CNI), el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), entre otros que criticaron al artículo del Presupuesto.
El expresidente se definió a sí mismo como “productor” y detalló las dificultades que atraviesa el sector.
“Soy productor y testigo de las dificultades que enfrentamos: encarecimiento de insumos, escasez de combustible, sequías. ¿Cómo después de todo lo que resistimos para garantizar la producción, pueden amenazar con confiscar nuestro trabajo? Con esta medida, ¿quién se va a animar a producir?”, cuestionó el productor de tambaquí.
La disposición criticada por el exmandatario señala: “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Explicación
El Gobierno explicó que el artículo no es contrario a los productores o comerciantes, sino que pretende combatir el agio y la especulación. En ese sentido, pidió que ayuden en la reglamentación para evitar susceptibilidades.
Morales, por su parte, insistió en que la disposición es “inaceptable e inaplicable” y reiteró los efectos negativos que podría tener para el sector productivo.
De igual manera, pese a la explicación del Gobierno, la CAO y otros sectores continúan rechazando el artículo y piden que se lo elimine del PGE.
