En un comunicado conjunto, las cámaras agropecuarias, industriales y exportadoras descartaron participar en la reglamentación de la disposición adicional séptima del Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y solicitan la eliminación total de ese texto.
La disposición adicional séptima del PGE 2025 “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Las cámaras manifiestan este miércoles “su firme y categórico rechazo” a esa disposición que “dispone la confiscación y decomiso de producto a las empresas”.
“El sector privado, en ejercicio de su compromiso con el desarrollo económico del país; anuncia que no participará en procesos de reglamentación relacionados con la citada disposición”, dice la nota.
Asimismo, le piden al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa no aprobar esa normativa; que “vulnera los derechos fundamentales como libertad de producción y comercialización”.
Alertan que, de aprobarse la norma, se profundizará el clima de inseguridad jurídica, “ahuyentando las inversiones nacionales y extranjeras; en detrimento de la economía nacional, en un escenario en que urge aumentar la producción y exportar”.
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Cámaras
Además, las cámaras advierten que la aplicación de esa disposición generará un entorno propenso a la arbitrariedad; y a la extorsión de funcionarios públicos e incentivará la informalidad. Advierten que también podría generar efectos negativos como el desabastecimiento de productos alimenticios.
El documento está firmado por la Cámara Agropecuaria del Oriente, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia y la de Santa Cruz, la Cámara Nacional de Industria; la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz y del resto de los departamentos.
El Gobierno defiende la disposición y asegura que todos los niveles del Estado contarán con el respaldo legal para realizar los operativos de control y los productos que sean decomisados serán comercializados a precio justo.
Este miércoles, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió la propuesta y convocó a los sectores a sumarse al diseño de la reglamentación.
