El legislador chuquisaqueño Marcelo Pedrazas pidió a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados la eliminación la renta vitalicia a expresidentes del país en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
“Me dirijo a usted con el fin de solicitar la inclusión de una disposición en el Proyecto de Ley 003/2024-2025 del Presupuesto General del Estado-Gestión 2025 que elimine la renta vitalicia otorgada a los expresidentes y exvicepresidentes del Estado Plurinacional de Bolivia, abrogando la Ley 376, del 15 de mayo de 2013, que la instituyó”, dice parte de la misiva dirigida al presidente de dicha comisión, Andrés Flores Condori.
Marcelo Pedrazas
En su carta, Pedrazas también consideró que dicho beneficio para exmandatarios es un “privilegio inmerecido para un grupúsculo de exempleados públicos en edad de jubilación”.
Criticó, además, que algunos expresidentes accedieron a la Presidencia del Estado por sucesión para ejercerla de forma “efímera e intrascendente”.
Aludió a los expresidentes Jorge Quiroga, que en 2001 sucedió a Hugo Banzer (+); Carlos Mesa, que en 2003 reemplazó al dimisionario Gonzalo Sánchez de Lozada, y Eduardo Rodríguez, que en 2005 sucedió al también renunciante Mesa.
Cobran también ese beneficio los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Jaime Paz Zamora (1989-1993). Jeanine Áñez (2019-2020) no logró su propósito de cobrarlo.
Expresidentes
La ley invocada por Pedrazas señala que los exvicepresidentes también son beneficiarios de la “suma equivalente a diez (10) salarios mínimos nacionales mensualmente”.
“Su existencia como gasto inútil perpetúa inequidades en el uso de los recursos públicos que podrían ser destinados a sectores de mayor necesidad y urgencia en tiempos de crisis y necesidad de austeridad”, justificó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) en su misiva.
Finalmente, consideró que la discusión y aprobación PGE 2025 se constituye en una oportunidad “propicia para materializar esta demanda ciudadana”, incorporando una disposición de abrogación de este privilegio en el marco de la política presupuestaria del país.
