En el marco de las elecciones judiciales del 15 de diciembre, Ruth Pontejo, presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, recordó las sanciones para aquellos candidatos que incumplan las normativas de propaganda electoral.
En entrevista con La Razón Radio, ratificó que, en estas elecciones, existe la estricta prohibición de realizar campañas electorales, limitándose únicamente a la difusión de méritos bajo supervisión del Órgano Electoral.
“El proceso electoral judicial no permite propaganda ni campaña electoral; esto es exclusivo del Órgano Electoral mediante la difusión de méritos”, explicó.
Aseguró que su despacho hace constante monitoreo para aplicar sanciones a los candidatos que violan esta disposición. Según la presidenta, los tribunales departamentales y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuentan con equipos técnicos que monitorean posibles infracciones, ya sea de oficio o por denuncias presentadas por la ciudadanía.
Inhabilitaciones por campañas irregulares
Pontejo aseguró que los casos comprobados de propaganda no autorizada resultan en la inhabilitación de los candidatos involucrados. Este proceso implica una revisión inicial en los tribunales electorales departamentales, cuyos resultados son evaluados posteriormente por el TSE.
“Estamos sustanciando procesos para declarar probadas o improbadas las inhabilitaciones. Es fundamental que los candidatos cumplan con las normas, porque cualquier infracción acarrea sanciones graves”, afirmó.
En algunos departamentos se han evidenciado presuntas campañas en La Paz y Oruro, donde vehículos y pancartas promovían abiertamente a ciertos postulantes. Al respecto, Pontejo indicó que estas actividades son monitoreadas por los equipos técnicos y, de ser necesario, se coordina con la Policía para retirar cualquier propaganda.
“Estas irregularidades no solo afectan el principio de igualdad entre candidatos, sino que también distorsionan la naturaleza del proceso”, puntualizó.
En las elecciones judiciales parciales del domingo serán elegidos 19 de 26 autoridades de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional, y del Consejo de la Magistratura.
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