Las instituciones cruceñas de la cadena productiva y empresarios cruceños se declararon este lunes en emergencia y rechazan el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, la intervención de ingenios de arroz y la suspensión de exportaciones de aceite.
En el encuentro participaron la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob). Además, la Cámara de Transporte del Oriente, Federación de Gremiales, Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), junto al Comité pro Santa Cruz.
Los asistentes reclamaron que el PGE “atenta gravemente a la estabilidad macroeconómica y la seguridad alimentaria y jurídica de los bolivianos”.
Y advirtieron que, mientras no incluya soluciones a la crisis económica y la eliminación de la cláusula sobre decomisos, lo rechazarán.
Rechazo del proyecto de Presupuesto 2025 mientras no incluya medidas y soluciones para la crisis económica que vive el país; y afecta a la población, comenzando por la eliminación inmediata de la cláusula transitoria séptima del proyecto.
Asimismo, rechazaron las “acciones arbitrarias” del Gobierno de suspender unilateralmente las exportaciones de aceite; y la “intervención abusiva” de los ingenios arroceros.
“La represión y las restricciones económicas no garantizan el abastecimiento de alimentos. Al contrario, obstaculizan la producción, desaceleran la economía; y ponen en riesgo el acceso a productos básicos”, dice el comunicado conjunto que emitieron al finalizar el encuentro.
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PGE
Además, afirmaron que ese tipo de acciones lo que provoca es mayor escasez e incertidumbre a los productores y comercializadores.
Remarcaron que desde hace casi dos décadas “las políticas restrictivas han limitado las exportaciones; han impuesto bandas de precios y han establecido cupos que, lejos de cumplir con su objetivo, han aumentado la dependencia de productos importados”.
“La forma correcta de solucionar estos problemas es con políticas fiscales, monetarias y cambiarias que corrijan el grave desequilibrio macroeconómico causado por las políticas erradas del Gobierno, que por años han incentivado el contrabando”.
Las cámaras pidieron al Gobierno garantizar la seguridad jurídica para reactivar la inversión y fortalecer las cadenas productivas. Además, solucionar definitivamente el desabastecimiento de diésel y fomentar políticas que incrementen la oferta de productos y la generación de dólares.
“Nos declaramos en estado de emergencia y en reunión permanente para defender la seguridad alimentaria y los derechos de las familias bolivianas, en especial la estabilidad económica. No permitiremos que decisiones políticas mal diseñadas debiliten aún más el tejido productivo del país”.
La semana pasada la Cainco alertó que el PGE 2025 es una “carta blanca al endeudamiento” y demandó ajustes que beneficien económicamente a toda la población.
