A dos días de las elecciones judiciales, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, confirmó que se iniciarán procesos sumarios y disciplinarios contra los funcionarios públicos que promovieron campañas en el marco de las elecciones judiciales.
Pese a la prohibición, en algunos departamentos se han evidenciado campañas electorales, donde vehículos y pancartas promovían abiertamente a ciertos postulantes.
Incluso, la diputada suplente de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero hizo pública una lista con los nombres de varios juristas, supuestamente vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) para evitar que la población vote por ellos.
La legisladora informó, a través de sus redes sociales, que “se logró” culminar la elaboración de un listado denominado “listas azules”, en las que se revelan y denuncian supuestos nexos y cercanía de varios candidatos participantes de las judiciales.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Vargas, explicó que, según la normativa vigente, estas acciones contravienen los principios de neutralidad e imparcialidad que deben regir durante un proceso electoral.
“El Órgano Electoral es el garante de la democracia y no puede permitir que se vulneren las normas. Hemos identificado casos de promoción indebida y tomaremos medidas contundentes para sancionar a los responsables”, aseguró Vargas.
Además de las acciones disciplinarias contra funcionarios, Vargas reiteró que los ciudadanos que incumplan sus deberes electorales también enfrentarán sanciones económicas y restricciones administrativas.
Recordó que quienes no voten deberán pagar una multa de Bs 500, equivalente al 20% del salario mínimo nacional, y estarán impedidos de realizar trámites en entidades financieras, obtener pasaportes o acceder a cargos públicos.
El vicepresidente aseguró que el TSE ha trabajado “incansablemente” para garantizar un proceso electoral transparente, a pesar de las dificultades y los retrasos que han afectado la organización de estas elecciones judiciales.
Señaló que cualquier intento de manipulación o sesgo en el proceso será investigado y sancionado conforme a la ley.
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