El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó la obligación del alcalde de La Paz, Iván Arias, de destituir al secretario ejecutivo, José Carlos Campero, en cumplimiento con la Ley 499, de Fiscalización.
La resolución también confirma la vigencia de las censuras emitidas por el Concejo hacia un grupo de autoridades jerárquicas que no se presentaron al acto de interpelación y que ya no trabajan en el Ejecutivo municipal.
“El alcalde no puede seguir evadiendo la ley como lo ha hecho hasta ahora. Es su deber destituir al secretario ejecutivo y cumplir con la Ley de Fiscalización, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional Plurinacional”, advirtió el concejal Javier Escalier.
La Sala Segunda del TCP confirmó la Resolución 49/2024, emitida previamente por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En su fallo, hecho público este viernes, el TCP concluye que el alcalde incumplió con los artículos 23 y 25 de la Ley 499, de Fiscalización, promulgada en septiembre de 2022.
Este incumplimiento también derivó en la orden judicial de destituir de inmediato a las autoridades censuradas por el Concejo Municipal.
Escalier recordó que “la censura implica la destitución inmediata de las autoridades observadas. En este caso, el alcalde Arias no solo incumplió con esta disposición, sino que reincorporó a funcionarios ya censurados, incurriendo en desobediencia judicial”.
CENSURA
En la sesión 015/24, el Concejo censuró a 15 altos funcionarios del Ejecutivo edil, entre ellos el secretario ejecutivo, José Carlos Campero; el secretario municipal de Gestión Ambiental, José Eduardo Galindo, y los subalcaldes Fausto Terrazas (Cotahuma), Grover Lazo (Max Paredes) y Jimmy Osorio López (Centro), quienes no asistieron al acto de interpelación requerido por la Ley de Fiscalización 499.
Estos funcionaros, a excepción de Campero, dejaron de prestar sus servicios en el gobierno municipal de La Paz.
El concejal Escalier explicó que la ley establece que, al ser censuradas, estas autoridades pierden la confianza del Concejo Municipal, lo que obliga su destitución inmediata. Sin embargo, Arias reincorporó a cinco de estos funcionarios en febrero de este año, desatendiendo las disposiciones legales.
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“Estas acciones no solo violan la Ley de Fiscalización, sino también constituyen un acto de desobediencia a resoluciones judiciales”, enfatizó Escalier.
LEY DE FISCALIZACIÓN
Además, la Ley de Fiscalización prevé que a las autoridades censuradas no se las puede reincorporar a su mismos cargos o similares. Esta norma fue aprobada y promulgada por el Concejo; empero, el Ejecutivo se niega a su cumplir la disposición.
“El alcalde Arias debe entender que ninguna autoridad está por encima de la ley. Su incumplimiento reiterado pone en riesgo el respeto al Estado de Derecho y puede derivar en procesos penales en su contra”, concluyó el concejal Escalier.
En 2023, el primer proceso derivó en una orden de cumplimiento emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia. Este fallo fue elevado al TCP, que ahora ha ratificado la obligación del alcalde de cumplir con la ley y las resoluciones judiciales.
