Cinco funcionarios de la Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades de La Paz y el subalcalde de Cotahuma, Gonzalo Gonzales, se suman a la lista de investigados por el deslave en Bajo Llojeta del 23 de noviembre.
La directora municipal de Asuntos Jurídicos, Amparo Morales, confirmó este viernes la información en una conferencia de prensa. “Hemos tomado conocimiento de que han ampliado la denuncia a otros funcionarios municipales”.
La funcionaria calificó la acción de la Fiscalía de persecución y reiteró que la Alcaldía de Achocalla es responsable por los permisos que otorgó a la Inmobiliaria Kantutani para movimientos de tierra en el Cementerio Jardín Los Andes.
“Técnicamente, hemos podido identificar que el deslizamiento que ha provocado el movimiento de tierra ha sido en la plataforma superior del cementerio Los Andes. En vez de determinar responsabilidades para esta empresa y para su representante legal, lo que se está haciendo es involucrar a autoridades y funcionarios municipales, que lo único que han hecho es cumplir con sus funciones”, señaló Morales respecto de la actuación de la Fiscalía.
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EVENTUALIDAD
Una torrencial lluvia, la noche del 23 de noviembre, causó el deslave en la zona Bajo Llojeta. La eventualidad dejó al menos 40 viviendas anegadas y causó el deceso de una niña de cinco años de edad.
“Este hecho no ha sido un desastre natural, ha sido un hecho provocado, un estrago provocado por la mano del hombre, específicamente por los movimientos de tierra que ha efectuado el Cementerio Los Andes; es decir, la empresa Kantutani. Han realizado movimientos de tierra que no correspondían”, aseguró Morales.
La directora lamentó que el proceso por incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves se extendiera a los seis funcionarios.
