La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo este sábado que el Gobierno actuará conforme a la norma respecto al proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025; es decir que, si Asamblea Legislativa no sanciona el documento, éste entrará en vigencia por decreto supremo el 1 de enero.
La Asamblea tiene aún 17 días para analizar el proyecto y hacer sus observaciones; sin embargo, el documento ni siquiera fue analizado por el pleno de la Cámara de Diputados, cuya Comisión de Planificación ya lo aprobó.
“Nosotros hemos cumplido con enviar en su momento el presupuesto a la Asamblea Legislativa; hay una dinámica interna y la norma es clara, hay tiempos para llevar adelante su aprobación. Hay tratamiento y procedimientos para llevar adelante este proceso; nosotros vamos a actuar según corresponde la normativa”, dijo Alcón a los medios de comunicación.
La Constitución señala en su artículo 158, parágrafo 11, que la Asamblea Legislativa tiene la atribución de aprobar el PGE en un lapso de 60 días; pero “en caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dará por aprobado”.
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PGE
Asimismo, Alcón defendió el proyecto y aseguró que se trabajó en función de las principales necesidades de la población y que las críticas de algunos actores políticos son, principalmente, por desinformación.
En caso de que la Asamblea no apruebe el proyecto hasta el 31 de diciembre, se daría el mismo escenario del actual PGE vigente; ya que, en 2023, debido a la falta de consenso entre diputados y senadores, el documento se dio por aprobado y comenzó a regir desde el 1 de enero de este año.
El jueves, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo que la aprobación del PGE debe enmarcarse en debates políticos y técnicos; debido a todo lo que implica el proyecto de ley.
Promovió la aprobación de una minuta de comunicación que recomienda a la ministra de la Presidencia y al ministro de Economía ejecutar únicamente el gasto público del PGE 2025.
Para el martes se tiene prevista la sesión de la Asamblea Legislativa para confirmar la fecha del inicio del receso parlamentario. Legisladores de oposición aseguran que se trata de una “maniobra” del Gobierno para que el PGE no sea tratado y se apruebe por decreto.
