Hoy, 15 de diciembre de 2024, se realizarán las terceras elecciones de altos magistrados del poder judicial en el marco de lo establecido por la constitución boliviana vigente desde 2009. Además de parciales y con un año de demora, se trata de unas elecciones grises, que no despiertan el entusiasmo de los ciudadanos ni de los actores políticos y que, salvo reemplazar parcialmente a los magistrados autoprorrogados, no resolverán la profunda crisis del sistema judicial boliviano, que es además una crisis institucional más amplia que afecta a la democracia de manera general.
Ascenso y declive de la confianza ciudadana en las instituciones judiciales
En un reciente estudio que publicamos en Ciudadanía con el apoyo de la fundación Konrad Adenauer (1), se muestra que la confianza en las instituciones que deberían administrar justicia ha llegado a niveles críticamente bajos, contribuyendo a la propagación de una sensación de inseguridad, a actitudes violentas y autoritarias de parte de la sociedad y a la erosión del apoyo a la democracia. Pero esto no siempre ha sido así: el análisis de 25 años de datos de encuestas representativas de la población boliviana y de otros países de la región (2), muestra que la valoración ciudadana de las instituciones que administran justicia se incrementó de manera importante a inicios del proceso de cambio liderizado por el MAS, llegando a sus niveles más altos entre 2010 y 2012. Después de ese momento, la percepción ciudadana de las instituciones muestra una caída drástica y constante hasta los niveles extremadamente bajos de la actualidad.
El mismo patrón salta a la vista cuando se considera la mayor parte de los indicadores que miden la relación de los ciudadanos con las instituciones democráticas, incluidas la satisfacción con la democracia, la confianza en las elecciones, la confianza en las autoridades electorales o la misma confianza interpersonal. Se ganó mucho en términos de legitimidad al inicio del nuevo ciclo de transformación nacional (entre 2006 y 2011), para posteriormente perder todo lo que se había ganado y llegar a niveles tan bajos como los de finales del ciclo anterior (a inicios de la década del 2000). Así, Bolivia perdió una gran oportunidad de construir una institucionalidad democrática que goce de legitimidad y confianza de parte de los ciudadanos.
Justicia, democracia y sociedad
La crisis de las instituciones de administración de justicia en Bolivia es palpable en distintos niveles. Ramiro Orías y Vivian Schwarz muestran, en su capítulo del libro, que esta crisis es evidente si se consideran distintos indicadores objetivos de desempeño del sistema de justicia, y también resulta clara cuando se toman en cuenta las percepciones que tienen los ciudadanos sobre el funcionamiento de estas instituciones. Las consecuencias negativas del estado calamitoso del aparato de justicia pueden apreciarse en distintos ámbitos, pero quizás el más grave es la sombra que arroja sobre el futuro de los procesos institucionales de la democracia boliviana. La violación del principio de preclusión, por ejemplo, que doblega a un órgano electoral débil y con escaso apoyo ciudadano, es una de las muchas amenazas que una justicia manipulada y sin independencia representa para la democracia.
Además, esta crisis de imagen y performance institucional de la justicia genera en los ciudadanos una sensación de desprotección e inseguridad que alimenta actitudes violentas en la sociedad civil, como muestra el análisis de Alejandra Ramírez, se traduce en desconfianza interpersonal, como explica Gonzalo Vargas, o reproduce actitudes autoritarias y populistas, como explican los capítulos de Maria Teresa Zegada y Vivian Schwarz. Un problema de origen institucional se recrea en las relaciones entre los ciudadanos, mediadas por la desconfianza y cada vez más a menudo por la violencia.
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El cambio es posible
Pero esto no necesariamente tiene que ser así. La historia reciente muestra que los bolivianos pueden confiar en sus instituciones y sentirse entusiasmados por los procesos que estas canalizan. Pero eso depende de las condiciones que los actores políticos estén dispuestos a conferirles a estas instituciones, lo que tiene que ver directamente con su independencia y las condiciones administrativas para su funcionamiento. El país necesita con urgencia reconstruir la institucionalidad encargada de la administración de justicia y reforzar la que se encarga de conducir los procesos democráticos. Esto pasa por la capacidad y disposición de los actores políticos de lograr un gran acuerdo nacional que, reforma constitucional de por medio, permita contar con una institucionalidad que administre justicia de forma creíble para la gente y eficaz en los hechos. La conformación de la Corte Nacional Electoral de “notables” a inicios de la década de 1990 es un ejemplo de que esto es, en verdad, posible. No entender la urgencia de estas reformas significa continuar un camino de deterioro institucional y social que nos llevará a una situación de ilegalidad y confrontación con consecuencias desastrosas para generaciones de bolivianos. Como ciudadanos, alentemos, apoyemos y exijamos la reconstrucción de una institucionalidad que salve el país con justicia y democracia efectivas.
(1) El libro se titula “La democracia en ojos de la gente. 25 años de cultura política en Bolivia” y puede ser descargado de: https://ciudadaniabolivia.org/publicacion/la-democracia-en-los-ojos-de-la-gente-25-anos-de-cultura-politica-en-bolivia/.
(2) Las encuestas de LAPOP, el Proyecto de Opinión Pública de América Latina.
