La Justicia sentenció este viernes al capitán Marco Caviares a tres años de cárcel por la asonada militar del pasado 26 de junio. Caviares fungía entonces como ayudante del general y excomandante de Ejército, Juan José Zúñiga.
El militar se acogió al proceso abreviado y decidió aceptar la comisión de un delito a cambio de una condena reducida que le permitirá salir de presión. El uniformado se encuentra detenido en el penal de San Pedro.
Mandamiento de libertad
Eusebio Vera, defensa de Caviares, informó a Erbol que se emitió el mandamiento de libertad para su defendido y estima que se ejecutará la próxima semana tras cumplir los trámites.
El 26 de junio, un grupo de militares, a la cabeza de Zúñiga, irrumpió en la plaza Murillo y golpeó la puerta del Palacio Quemado con una tanqueta. El militar anunció a los medios que su intención era la “toma” de la Casa Grande del Pueblo.
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El militar se insubordinó ante el presidente Luis Arce, en el ingreso al Palacio Quemado. Al final, Zúñiga se retiró de la plaza Murillo y, a las 19.02, fue aprehendido, no sin antes denunciar que Arce le ordenó sacar los “blindados” para “levantar” su popularidad.
Hoy está detenido en la cárcel de El Abra en Cochabamba y este hecho es calificado por el Gobierno como un “intento fallido de golpe de Estado”.
El jueves, Vera informó que el militar tomó la decisión de acogerse a un procedimiento abreviado, toda vez que su familia “atraviesa” por una crisis.
“Ese ha sido el motivo por el que el mismo capitán ha decidido someterse a este procedimiento abreviado para atender problemas familiares muy delicados”, dijo Vera.
Indicó que de acuerdo a las tratativas que se realizó, la pena es “por tres años por el delito de alzamiento armado en grado de complicidad”.
Sentencia
“La sindicación de la pena significa que se baje al mínimo de tres años. La pena del alzamiento armado es de cinco años, pero como está en calidad de cómplice se ha bajado a tres años”
La Procuraduría también informó el martes que el Ministerio Público imputó a 27 personas por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros, relacionados con los hechos ocurrido el 26 de junio.
