Un derrame cerebral acabó con la vida de Rodrigo Torrez Iriarte, un boliviano de 29 años de edad a quien le extrajeron sus órganos tras su deceso en un hospital de Argentina, según denunció Freddy Torrez y Gabriela Iriarte, padres del fallecido.
Junto con su familia, Rodrigo había emigrado hasta la capital argentina hace 20 años en busca de mejores días. En el vecino país formó su hogar, se casó y tiene dos hijos.
Sin embargo, al joven lo acusaron de robo y guardaba detención en un centro penitenciario de la capital argentina. En el encierro comenzó a tener problemas de salud. Tenía síntomas del derrame cerebral, pero nadie le dio importancia. Hasta que, el 25 de noviembre, fue ingresado a un centro médico, pero ya poco o nada se podía hacer para restablecer su salud.
Gabriela denunció negligencia en los galenos de ese hospital porque “al tener a un paciente de extrema gravedad con ataque cerebral no lo derivaron a un hospital de alta complejidad”. Pues ese era el procedimiento que correspondía.
La mujer afirma que lo peor fue que para extraerle los órganos lo tenían en terapia intensiva, conectado a un respirador, ni siquiera sus padres tenían acceso para verlo. Finalmente, el sábado se le practicó la extracción de sus órganos.
“No me quieren entregar el cuerpo y hasta la fecha no lo puedo retirar. Es más, sigue conectado al respirador”, reclamó el padre, Freddy Torrez.
Dolly Guzmán, que hace gestiones y representa en un voluntariado a los residentes bolivianos en Argentina, constató que a Rodrigo le extrajeron sus órganos. Además había cierta reticencia para entregar lo que quedaba del cuerpo para su cristiana sepultura.
“Lo que buscamos es que se entregue en cuerpo, lo harán recién el lunes (16 de diciembre)”, manifestó la activista quien logró la intervención del Consulado de Bolivia en Buenos Aires “sin mayor éxito”.
En el vecino país rige la denominada “Ley Justina” de donación de órganos.
NORMA
Esta norma (27.477) dispone que “toda persona capaz mayor de 18 años” es posible donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario.
Es más, si un esposo, esposa, padre, o hijo rechaza donar los órganos del ser querido, desde el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) responden que “la Ley respeta la manifestación expresa (afirmativa o negativa) realizada en vida por las personas”. No obstante, los familiares del fallecido ya no son los encargados de tomar la decisión.
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Precisamente, este fue el argumento para que Rodrigo sea objeto de la práctica de extracción de órganos.
Sus padres, ahora buscan conocer el destino de los órganos de Rodrigo lo que no queda claro en tal legislación “Justina”.
“Quiero darle cristiana sepultura a mi hijo, yo no conocía esta ley. No me hubiera opuesto, pero si me lo hacían conocer en su debido momento, lo que tampoco sucedió. Hasta en ello, hubo negligencia en los médicos”, insistió la madre de Rodrigo.
Freddy y Gabriela no recibieron apoyo ni de las instancias diplomáticas para evitar el trágico desenlace.
