La organización Amnistía Internacional (AI) afirmó que nadie está a salvo en Nicaragua del ‘modelo represivo’ impuesto por el gobierno de Daniel Ortega, que amenaza los derechos humanos de un modo ‘sin precedentes’.
«La represión en Nicaragua no deja a nadie a salvo,» dijo Ana Piquer, directora para las Américas de AI, citada en un comunicado.
«Desde líderes indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y cualquiera que sea visto como un riesgo para las políticas del gobierno, las autoridades siguen consolidando el clima de miedo en el que disentir se castiga con cárcel, exilio o desaparición», agregó.
Desde las protestas antigubernamentales de 2018, que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, consideran un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, cientos de personas «han sido encarceladas injustamente» y miles se han visto forzadas a exiliarse, afirmó AI.
Al menos 300 personas murieron en las protestas, según la ONU.
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La organización humanitaria instó al gobierno de Ortega a «detener de inmediato todas las prácticas represivas», garantizar los derechos humanos y terminar con la «criminalización de la disidencia».
Recientemente, la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más informó de más de 2.000 detenciones arbitrarias y al menos 229 casos de tortura a detenidos desde 2018.
Además, Amnistía catalogó al encarcelado líder indígena miskito Brooklyn Rivera como «preso de conciencia» y exigió su liberación y la de decenas de otros detenidos.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua registra actualmente 45 detenidos por causas políticas en el país.
Desde febrero de 2023, el gobierno de Ortega ha despojado de la nacionalidad nicaragüense a unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos exiliados o expulsados del país.
Amnistía exigió «que se ponga fin a la práctica de la privación arbitraria de la nacionalidad, así como la restitución plena de los derechos de las personas despojadas de esta», y pidió a la comunidad internacional no permanecer «indiferente» ante la situación en Nicaragua.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y está nuevamente en el poder desde 2007, dictó en noviembre una amplia reforma constitucional que estipula que «los traidores a la patria» pierden la nacionalidad nicaragüense, cargo con el que fueron acusados la gran mayoría de expulsados del país.
