El ministro de Justicia, César Siles, informó este jueves que el juicio por el caso Masacre de Senkata, en el que se procesa a la expresidenta transitoria Jeaninne Áñez y otras 17 personas, puede tener una sentencia condenatoria las primeras semanas de 2025.
Siles indicó que la audiencia de juicio oral será reinstalada el 13 de enero y que este caso ya está avanzado, esto en razón a que ya se produjo “prácticamente” la prueba documental y falta la prueba testifical y pericial.
“Aguardamos que las primeras semanas de enero podamos tener una condena”, señaló el titular de la cartera de Justicia, en entrevista con la ABI.
Añadió que se pide una pena de 30 años, sin derecho indulto, contra Áñez, los exministros Arturo Murillo, Fernando López y otros exjefes militares y policiales que, “en su momento, además de tomar el poder a la fuerza, ya ejerciendo ese poder, han asesinado”.
Acusados
La exmandataria y otras 17 personas son acusadas por la comisión del delito de genocidio, esto relacionado con los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata, municipio de El Alto, departamento de La Paz.
Entonces, 10 personas fallecieron, todas a bala, por operaciones que ejecutaron los efectivos militares, amparados por el Decreto Supremo 4078, que los eximia de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.
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El hecho ocurrió a los pocos días de que Áñez se proclamara presidenta, luego de la renuncia del presidente Evo Morales, que dejó el cargo en medio de una fuerte crisis social, un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial de parte de las Fuerzas Armadas.
Áñez, entonces senadora, asumió el cargo el 12 de noviembre. Primero, se proclamó presidenta del Senado y, después, presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin el quorum reglamentario ni la presencia mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), que entonces tenía dos tercios de votos.
Condena
La exmandataria cumple una pena de 10 años de cárcel en el penal de Miraflores por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Dentro este caso, fueron declarados en rebeldía el exministro de Gobierno, Arturo Murillo; exministro de Defensa, Luis Fernando López Julio; el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora; excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Carlos Orellana Centellas; y Julio William Cordero Alborta, excomandante departamental de la Policía Departamental de La Paz.
