La abogada y defensora de derechos humanos, Nadia Cruz, señaló que Bolivia sigue enfrentando grandes retos para erradicar el patriarcado y a pesar de iniciativas como la creación de servicios estatales para la despatriarcalización y su inclusión en currículos educativos, los avances estructurales son casi inexistentes.
En 2022, mediante un decreto supremo, se declaró el “Año de la revolución cultural para despatriarcalización: por una vida libre de violencia contra las mujeres”; y promover acciones orientadas a la lucha contra la violencia hacia las mujeres a partir del fortalecimiento de una cultura despatriarcalizadora.
“Pese a haber, pues, dictaminado un año por la despatriarcalización, pese a que se haya incorporado dentro de nuestra institucionalidad un servicio público, un servicio estatal para la despatriarcalización, más allá de eso, no hemos tenido avances estructurales o de superestructura”, lamentó Cruz en La Razón Radio.
Explicó que el patriarcado no solo afecta a las mujeres y la infancia, sino también a los hombres, que son “moldeados” por este sistema para actuar violentamente como una forma de validarse socialmente.
“Porque esos hombres para validarse como hombres dentro de ese sistema, dentro de ese grupo de hombres en la sociedad, a quienes ven como sujetos de derechos, les es necesario imponerse o dominar o doblegar a las mujeres”, subrayó.
El problema, indicó, radica en que las instituciones educativas y sociales aún reproducen estas lógicas.
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Educación como el camino hacia el cambio
Para Cruz, la educación es clave, pero debe trascender las aulas y llegar a espacios comunitarios, sindicales y familiares. Reconoció que las generaciones más jóvenes tienen mayor acceso a información y disposición para cuestionar el patriarcado, pero las generaciones actuales de padres y madres son quienes ponen más barreras.
Destacó la necesidad de fortalecer la institucionalidad estatal y local para que las entidades autónomas puedan implementar políticas específicas y cercanas a la población.
Un sistema autonómico fragmentado
Además, criticó que la división de competencias entre los niveles nacional, departamental y municipal dificultaron la creación de una agenda pública unificada en derechos humanos y despatriarcalización.
“Creo ahí que el sistema autonómico ha fraccionado mucho las competencias entre el ámbito nacional, departamental, municipal, regional, indígena, originario, campesino, pero que no ha funcionado”, afirmó.
La abogada lamentó que no exista una agenda pública, y menos en el ámbito de los derechos humanos, que sea capaz de responder a las demandas y preocupaciones que hoy enfrenta el país.
