En el marco de un análisis crítico sobre la situación de derechos humanos en Bolivia, la exviceministra de Igualdad de Oportunidades y exdefensora del Pueblo Nadia Cruz señaló que el Gobierno enfrenta una alarmante regresividad en políticas sociales y de lucha contra la violencia, especialmente en un contexto preelectoral como el de 2025.
En entrevista con La Razón Radio, Cruz consideró que el 2025, al ser un año electoral, no promete avances significativos en la lucha contra la violencia ni en el fortalecimiento de los derechos humanos.
“Las prioridades del Gobierno están en otro lado y las posibilidades de cambio son mínimas”, sentenció.
En este contexto, hizo un llamado a las instituciones públicas, especialmente al sistema de justicia, a asumir un rol más activo y a priorizar las demandas ciudadanas. Además, instó a los gobiernos locales y departamentales a diseñar políticas de impacto que garanticen la continuidad de los programas sociales y los derechos fundamentales.
Uno de los puntos más críticos identificados por Cruz es la falta de acceso a la justicia, considerada por años como la principal violación de derechos humanos en Bolivia. A pesar de los reiterados reclamos ciudadanos, los principales actores involucrados –el Ministerio Público, el Órgano Judicial y la Policía Boliviana– no han mostrado avances significativos.
“La población percibe al sistema de justicia no como un reparador de derechos, sino como un ente que perpetúa la violación de los mismos”, dijo Cruz en entrevista con La Razón Radio.
Problemas como la falta de una política criminal efectiva y las barreras estructurales del sistema judicial no sólo complican el acceso, sino que generan un escenario de impunidad que afecta a víctimas de diversos delitos, especialmente de violencia de género.
A pesar de que en 2024 no se alcanzó la tasa de feminicidios más alta en años recientes, las cifras muestran un preocupante aumento respecto a 2023.
Entre enero y octubre de 2024, se reportaron al menos 76 feminicidios, lo que significa que una mujer pierde la vida cada cuatro días en manos de su pareja o un familiar. Además, los casos de infanticidios también reflejan un patrón de violencia vicaria, donde los agresores buscan causar el mayor daño posible a las mujeres asesinando a sus hijos.
Cruz describió la violencia vicaria como “una nueva y alarmante forma de agresión en el país”, y urgió la necesidad de una respuesta integral que no solo aborde la prevención, sino también la atención adecuada de las víctimas. Sin embargo, la institucionalidad débil y la falta de presupuesto obstaculizan cualquier avance.
Bolivia enfrenta un panorama complejo donde las crisis económica, social y política amenazan con revertir años de avances en derechos humanos.
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