Este martes, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, denunció que en los operativos para habilitar la circulación de vehículos en la localidad de Mairana, Santa Cruz, los bloqueadores “torturaron” a 42 efectivos policiales.
“Lamentablemente, 42 efectivos de la Policía Boliviana fueron torturados, heridos y así también compañeros de la prensa y civiles”, protestó en conferencia de prensa.
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Mairana
De acuerdo con el ministro, esta cantidad de policías agredidos se contabiliza desde el pasado 29 de octubre, cuando se realizó el primer intento por despejar la carretera.
Además, Del Castillo lamentó la actitud de los bloqueadores, pues, informó, golpean también a jóvenes, menores de edad que circulan por los puntos de bloqueo. De igual manera, afirmó que un periodista se encuentra con 45 días de impedimento a raíz de las agresiones sufridas.
En el operativo del lunes, la Policía denunció el secuestro de tres oficiales. Además, advirtió que se encontraron explosivos en los puntos de bloqueo. Por ello, se procedió a la aprehensión de 25 manifestantes.
Este martes, el ministro de Gobierno presentó a las 17 personas aprehendidas, las cuales son investigadas por el delito de terrorismo, por lo que fueron trasladadas al departamento de La Paz. Los restantes eran menores de edad, por lo que se los depuró y se seguirá un procedimiento diferente.
Morales
“¿En qué parte del mundo el derecho a la protesta reconoce la utilización de bombas molotov, dinamitas, armas de fuego y objetos contundentes para acabar con la vida?”, cuestionó Del Castillo, en respuesta a las declaraciones del expresidente Evo Morales.
El exmandatario había expresado horas antes que “el derecho al ejercicio de la protesta es legítima y constitucional”. En ese sentido, exigió la liberación de los aprehendidos.
“No es un derecho cuando están realizando actos delincuenciales”, zanjó Del Castillo.
Además, el ministro también reveló que uno de los detenidos, un concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista se encargaba de pagar a los bloqueadores y tendría, presuntamente, contacto con una candidata al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
