A cinco años de las masacres de 2019, la Defensoría del Pueblo ve con “mucha preocupación” que a cinco años de lo acontecido “aún no existe sentencia que esclarezca los hechos ocurridos y se identifique a los autores” privando del derecho a la justicia y a la verdad a las víctimas.
“La institución defensorial trabaja promoviendo actividades colectivas y conmemorativas a fin de que los hechos suscitados no se vuelvan a repetir y que los bolivianos profundicemos nuestra reflexión apostando siempre por acciones afirmativas por la vida y que el único sistema que garantiza la pacífica convivencia es la democracia”, señala el pronunciamiento.
La Defensoría recordó los cinco años de la masacre de Senkata, en El Alto, cuando el 19 de noviembre de 2019, resultado de la operación conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, ordenada por el Gobierno nacional y amparado en el Decreto Supremo 4078, al menos 10 personas perdieron la vida.
Hace cinco años, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, en nombre de la “pacificación”, causó dos masacres, en Senkata-El Alto, La Paz, y Sacaba, Cochabamba.
Proclamación
El 12 de noviembre, Áñez se autoproclamó como presidenta; dos días después, ella y su gabinete promulgaron el Decreto 4078, que eximía de responsabilidad penal a los militares y policías que participen en operativos para “el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública”.
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“El 19 de noviembre, mientras los vecinos de la ciudad de El Alto, en los alrededores de la Planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Senkata, continuaban con sus bloqueos de manera pacífica, en horas de la mañana, en una operación conjunta militar – policial, se intervinieron los puntos de bloqueos (zanjas cavadas) para permitir el paso de vehículos del Ejército y la Policía con dirección a la Planta de Senkata, y así posibilitar el traslado de camiones cisternas para abastecer de combustible a la ciudad de La Paz”, recordó la Defensoría.
Indicó que las investigaciones determinaron que esa jornada, en Senkata, hubo una masacre donde resultaron diez víctimas fatales.
Añadió que, desde ese entonces, la Defensoría del Pueblo trabaja en el seguimiento del cumplimiento del debido proceso y a las labores investigativas se sumó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizando una investigación sobre los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019 en Senkata, Huayllani, Sacaba y Betanzos.
Investigación
“Se estableció que se produjeron varias violaciones a los DDHH: 36 personas fallecidas y más de 800 heridos durante las protestas; detenciones arbitrarias y torturas; represión a la libertad de expresión y reunión”.
Tanto la Defensoría del Pueblo como el GIEI, recomendaron al Estado realizar una Investigación imparcial de los hechos y la protección de los derechos humanos y garantías constitucionales.
