El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha presentado ante la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, un proyecto para reformar la Constitución que amplía en un año el mandato presidencial y le permite arrogarse más competencias, como «coordinador» último de los poderes legislativo y judicial (AFP).
Los cambios, que formalizarían también a su esposa Rosario Murillo como «copresidenta», afectan a más de un centenar de artículos de la Carta Magna y, por ejemplo, establecen la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como un símbolo oficial de Nicaragua.
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Constitución
El Gobierno nicaragüense ha ahondado en los últimos años en la represión contra la oposición política y las organizaciones de la sociedad civil. Que no consideraba afines y, con la reforma en ciernes, se reserva por ley el derecho a expulsar a cualquier funcionario público, informa el diario ‘La Prensa’.
Todos los funcionarios «deberán cumplir, preservar y defender los principios fundamentales de la Constitución Política». Una consideración que abriría la puerta al cese de cualquier persona que no sea percibida leal con los intereses del régimen de Ortega.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, ha prometido trabajar «rápidamente» en la reforma del «comandante» Ortega. Así como de la «compañera» Murillo, como apuntan medios oficialistas. En su opinión, el nuevo texto está justificado en aras de la «modernización» de la Constitución para adecuarla «a los nuevos tiempos».
EEUU
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado el jueves 15 restricciones de visado contra más de 350 miembros de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) a los que acusa de llevar a cabo «ataques selectivos contra la sociedad civil» bajo la Administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Estos ataques han negado profundamente a su pueblo el acceso a servicios importantes y la libertad de organizarse. Así como expresar opiniones y dar forma a su futuro sin temor a represalias.
Las acciones de la PNN debilitan los procesos democráticos y fomentan un entorno en el que la disidencia o la percepción de disidencia se enfrenta con medidas punitivas, a menudo brutales. En lugar de un diálogo y un debate abiertos», ha señalado el portavoz del Departamento, Matthew Miller.
(20/11/2024)
