La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Chile por criminalizar las reivindicaciones indígenas del pueblo mapuche entre 1989 y 1992, en un proceso contra 135 personas.
La Corte, con sede en San José, Costa Rica, afirmó en su sentencia que Chile vulneró los derechos «a la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento y de expresión, y los derechos de reunión, libertad de asociación, igualdad y no discriminación, y de «libre determinación de los pueblos indígenas y tribales».
También destacó la falta de un juicio ‘imparcial’ al incurrir en fallas a las garantías judiciales como proveer de intérprete a quien no hablaba español, condenar a dos personas no incluidas en la acusación o aplicar el tipo penal de asociación ilícita.
Lea: Trazan las raíces de los mapuches mediante genética y lingüísticahttps://larazon.bo/la-revista/2023/06/05/trazan-las-raices-de-los-mapuches-mediante-genetica-y-linguistica/
El proceso judicial estudiado por la Corte IDH se refiere a una situación de toma de tierras consideradas ancestrales por el pueblo mapuche en el sur de Chile, un conflicto entre el Estado y este pueblo originario, la mayor etnia en el país andino, que perdura hasta la fecha.
A 600 km al sur de Santiago, en la región de La Araucanía, se asientan las mayores comunidades indígenas, presentes también en las vecinas regiones de Los Ríos y del Biobío.
La región tiene el doble de los niveles de pobreza que el promedio de Chile. A los reclamos indígenas de tierras, se ha sumado la acción de bandas dedicadas al robo de madera en una región donde el sector maderero es uno de los principales sustentos económicos.
Alrededor de una veintena de personas han muerto en los últimos 25 años en el marco de las disputas con los mapuches, entre indígenas, propietarios de haciendas y uniformados, según cifras oficiales.
Como medidas de reparación, la Corte pidió a Chile adoptar las medidas «para dejar sin efecto la sentencia condenatoria» y «eliminar de los registros públicos los antecedentes penales, policiales» y otros que «se encuentren consignados con relación a la causa penal».
