El director nacional de Interpol, coronel Juan Carlos Bazoalto, informó este viernes que su unidad realiza un control minucioso en las fronteras del país para dar cumplimiento a la alerta migratoria contra el exministro Juan Ramón Quintana y el dirigente campesino Ponciano Santos.
“Una vez que se asume conocimiento de la alerta migratoria, si bien como Interpol no podemos hacer un trabajo de carácter internacional, sí el control de nuestras fronteras. Ya tiene la instrucción nuestra Unidad de Patrullaje de Control Migratorio, que trabaja en coordinación con Migración, y se está realizando los controles minuciosos para dar cumplimiento a esta alerta migratoria emitida por la autoridad competente”, indicó el jefe policial a Cadena A.
El exministro y el dirigente campesino son investigados por los delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir; entre otros, además de otros dirigentes del Pacto de Unidad que llevaron adelante la Marcha para Salvar Bolivia y el bloqueo de caminos de 24 días en el país.
Alerta migratoria
Además, ambos tienen alerta migratoria y se encuentran en la clandestinidad; para no ser detenidos y encarcelados, como los dirigentes evistas Humberto Claros y Ramiro Cucho.
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Bazoalto indicó que el personal de Interpol desplegado en las fronteras del país está con la instrucción de realizar un trabajo “minucioso”; continuo y permanente para ver la posible salida de ambos investigados.
Respecto de una posible salida de país, el jefe policial señaló no tener ese dato; sin embargo, indicó que, una vez se tenga ese dato, se activarán las diferentes notificaciones mediante Interpol no solo en el ámbito nacional, sino internacional.
Persecución
Este viernes, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) exigió a los distintos poderes del Estado de Bolivia garantizar todos sus derechos; y la integridad de Juan Ramón Quintana y que, además, se ponga un alto a “su persecución”.
En tanto, el ampliado del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista de Lauca Ñ determinó una gran movilización nacional a la ciudad de La Paz para exigir al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca la liberación de las personas detenidas por el bloqueo de caminos de 24 días y también se resuelva las demandas económicas y de combustible.
