El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé ratificó que las acciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) carecen de validez jurídica y son “nulas de pleno derecho”.
En su criterio, los magistrados del TCP ejercen sus funciones de manera ilegal tras la expiración de su mandato el 31 de diciembre de 2023, violando la Constitución que prohíbe la prórroga de estos cargos.
“El mandato era improrrogable, y cualquier acto que realicen carece de sustento legal”, afirmó en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
Los magistrados prorrogados fueron electos en diciembre 2017. Iniciaron su gestión el 3 de enero de 2018. La Constitución establece seis años de mandato.
En las últimas semanas, el TCP ha estado activo en la emisión de polémicos fallos y resoluciones.
Hace un par de semanas, la Sentencia Constitucional 0770/2024 declaró desiertas las convocatorias de elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando y del TCP también para esos departamentos, y Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.
Es decir, el fallo rompe con el principio de preclusión y la “unicidad” del proceso, como denunció la Sala Plena del TSE.
El año pasado, luego de una serie de recursos, el TCP, con el respaldo de sus siete jueces, postergó las elecciones judiciales y exhortó a la Asamblea Legislativa a la aprobación de una nueva convocatoria para la preselección de postulantes.
Lo hizo con la Declaración Constitucional 049/2023, del 11 de diciembre de 2023, que también prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017.
Posteriormente, el jueves 14 de noviembre, el TCP emitió la Sentencia Constitucional 0776/2024-S4, que, valida el X Congreso del MAS, de la facción arcista, y también la elección del dirigente campesino Grover García como jefe de ese partido.
En la transmisión, el también presidente de la entonces Corte Suprema de Justicia cuestionó la falta de acciones por parte de las entidades de control gubernamental para detener esta situación.
Lamentó que el TCP actúa como un ente que, en lugar de garantizar la estabilidad institucional, ha contribuido a la “consolidación de un estado de cosas inconstitucional”.
Rodríguez señaló que esta situación no solo refleja un vacío institucional, sino que también expone un desbordamiento de competencias y un conflicto de intereses. “Los magistrados, al prorrogarse de manera unilateral, actuaron como juez y parte, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución”.
El exmandatario criticó también la percepción de que el TCP actúa como un “suprapoder”, tomando decisiones que invaden las competencias de otras instituciones. “El TCP fue diseñado para interpretar la Constitución y garantizar derechos fundamentales, no para legislar o sustituir al constituyente, que es el pueblo boliviano”.
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