El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó este martes una reforma a la ley de control migratorio que incluye el retiro de la nacionalidad, aumenta los controles de ingreso y salida del país. E impone penas de cárcel a quienes crucen las fronteras ilegalmente con el fin de desestabilizar al país.
La propuesta de ley, que se prevé será aprobada en breve por el Parlamento, controlado totalmente por el oficialismo, establece que se priva de la nacionalidad por causales establecidas en la Constitución.
Una amplia reforma constitucional aprobada el viernes estableció que «los traidores a la patria» pierden la nacionalidad nicaragüense.
La ley no establecía esta disposición; sin embargo, desde febrero de 2023, el gobierno ya ha despojado de la nacionalidad a unos 450 políticos, empresarios, periodistas. También intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos, a los que expulsaron de Nicaragua.
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Control migratorio
La propuesta impone penas de dos a seis años de prisión a quienes ingresen o salgan del país ilegalmente con el fin de «menoscabar» la soberanía. «Alterar el orden constitucional» o «conspirar e inducir a actos terroristas o de desestabilización económica y social».
Muchos nicaragüenses opositores o críticos -incluidos periodistas y activistas sociales-, acusados por el gobierno de «golpistas». De trabajar para países enemigos o servir a la oposición, han huido del país sobre todo a Costa Rica por los llamados «puntos ciegos» de la frontera.
La reforma a la ley también indica que quienes hayan entrado o salido del país. Por zonas que no sean puntos migratorios, los expulsarán de Nicaragua si vuelven a intentar entrar.
El gobierno impulsa una serie de reformas de leyes que acompañan la reforma constitucional. Que ratificarán en la legislatura que inicia en enero. Y que da a Ortega y a su esposa Rosario Murillo un poder absoluto del Estado nicaragüense.
El gobierno de Ortega ha endurecido la represión desde las protestas opositoras de 2018, que dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, consideradas por Managua como un intento de golpe de Estado de Washington.
