El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, informó este miércoles que el próximo año los jubilados que aún estén activos laboralmente, es decir reciban un salario mensual en el sector público o privado, ya no recibirán la Renta Dignidad.
La determinación está incluida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y según la autoridad, entrará en vigencia en cuanto se promulgue la ley, lo que ocurrirá los primeros días de enero del próximo año.
El ministro aclaró que se trata de una “priorización y racionalización de necesidades” y que en ningún caso se está eliminando el beneficio.
“Todos los beneficiarios que no son jubilados activos, porque hay jubilados que continúan trabajando, van a seguir recibiendo su Renta Dignidad normalmente. Los que sí son activos (continúan trabajando) recibirán su jubilación y su sueldo, no la renta”, explicó en conferencia de prensa.
La autoridad indicó que se trata de priorizar las necesidades para otros beneficiarios que “realmente lo necesitan”.
El ministro especificó, además, que la norma plantea otras excepciones. Por ejemplo, ya no cobrarán el beneficio quienes tengan rentas cercanas al 100% de lo que tenían como sueldo.
Asimismo, se excluirá a los accionistas de bancos o empresas que reciben la Renta Dignidad, pero por su status “no les sería necesario ese monto”.
“Creo que también solidariamente deberíamos pensar que es más necesario que vaya (la Renta Dignidad) a aquellos nuevos que se están integrando al beneficio de la renta dignidad. Hay prioridades para beneficiarios que realmente lo necesitan. Es más necesario que vaya a aquellos nuevos jubilados”, reflexionó.
“En el momento que (los jubilados) dejen de trabajar y dejen de ser activos van a volver a tener su Renta Dignidad”, remarcó.
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Jubilados
“La Renta Dignidad está garantizada para todos los beneficiarios no activos que estén en el sistema de pensiones y aquellos que no lo están, o sea llega a la mayoría de la población”, complementó.
En el proyecto del PGE 2025, se especifica que se excluiría de la Renta Dignidad a “los trabajadores dependientes que perciban una remuneración contemplada en el Presupuesto General del Estado o del sector privado”, “los accionistas, socios y/o directores de sociedades comerciales, que cuenten con el Registro de Comercio” y quienes “perciban la Fracción Complementaria pagada con recursos del Tesoro General de la Nación”.
La Renta Dignidad fue establecida mediante Ley 3791, de noviembre de 2007, durante el gobierno de Evo Morales. El beneficio reemplazó al Bonosol, creado en 1996, en la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada.
El pago es de Bs 350 mensuales para los no rentistas y de Bs 300 para las personas que reciban una renta del sistema de reparto o una pensión del Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo.
Según cifras oficiales, el año pasado el beneficio llegó a 1.197.218 beneficiarios con el pago de Bs 5.106 millones.
